Declaraciones de alto funcionario revelan cómo se hace "justicia" en Cuba

Un video divulgado por Diario de Cuba pone en evidencia la complicidad del sistema de justicia cubano con el Ministerio del Interior y otros órganos represivos del régimen.
 

Reproduce este artículo

El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP) Rubén Remigio Ferro, declaró en 2018 que la presencia de abogados defensores en los procesos penales son un estorbo y que el objetivo del proceso penal es destruir la presunción de inocencia de los acusados.

Un video donde se escuchan estas y otras declaraciones del alto funcionario cubano salió este 25 de mayo a la luz pública en Diario de Cuba. En la reunión, de noviembre de 2018, participaron fiscales, instructores penales y miembros de Criminalística.

A este respecto, el citado medio señala que la igualdad de condiciones en el proceso penal desde su inicio significa que tanto la acusación como la defensa comparezcan en todo momento en igualdad de oportunidades.

Según Ferro, la justicia en Cuba responde a los intereses del “Partido” [Comunista de Cuba] y la “Revolución”.

Sin embargo, el artículo 47 de la Constitución, asegura que “la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el TSP y los demás tribunales que la ley instituye”.

El alto funcionario también defendió el derecho de los tribunales a devolver los expedientes a los órganos de investigación, aunque, con esta acción, el juez se parcializa con la parte acusadora y viola el principio de presunción de inocencia.

Por último, el presidente del TSP defendió como un logro del sistema judicial cubano que se absuelvan entre el 6 y el 8% de los casos que llegan a tribunales y defendió una mayor integración de la Fiscalía con el Ministerio del Interior de Cuba, que controla a los órganos represivos y de orden público, para solucionar obstáculos que encuentren en salas y tribunales.

El 10 de mayo, el exfiscal cubano Raucel Ocaña declaró al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) que los juicios contra manifestantes del 11J estuvieron amañados, y jueces y fiscales recibieron presiones del régimen para alterar el debido proceso legal.

Afirmó que “generalmente, la Jefatura coacciona y no apoya la propuesta del fiscal” e indica “que se deben tener en cuenta algunas cuestiones políticas del país, que no se debe ser tan benevolente y hay que asumir una posición de escarmiento, totalmente represiva”.

Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que, “en Cuba, donde el poder judicial está firmemente sometido al control gubernamental, no hay transparencia en los procedimientos ni se permite asistir a los juicios a periodistas y observadores de derechos humanos independientes”.

Familiares de los presos han asegurado que los juicios han sido verdaderos montajes en los que apenas se presentan pruebas para incriminar a los acusados y, con frecuencia, están manipuladas.