Las bayonetas, culatas y machetes no fueron los únicos métodos de castigo corporal utilizados por el régimen en perjuicio de los presos políticos. El patrón represivo de las autoridades cubanas contra aquellas personas arrestadas por sus convicciones políticas distintas de la línea oficial no ha cesado hasta la fecha.
Lo único que ha variado a lo largo de casi medio siglo del grupo en el poder, son las modalidades de castigos corporales. El uso excesivo e injustificado de la fuerza siempre está latente en las cárceles cubanas, asegura el informe La tortura en Cuba, del Directorio Democrático Cubano.
A partir de los años 90, las autoridades penitenciarias y los consejos de reclusos cubanos empezaron a utilizar con más frecuencia las palizas y golpizas como medidas disciplinarias para castigar las ideas políticas, intimidar a los presos, obtener favores sexuales y otros motivos.
Varios ex presos políticos han señalado que los guardias de prisiones conceden autoridad disciplinaria a los consejos de reclusos, violando directamente las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, a fin de evitar su participación directa en los malos tratos a presos.
En 1993, por ejemplo, el Relator Especial de las Naciones Unidas manifestó en su informe que un elemento recurrente en las denuncias era la administración de palizas que, lejos de constituir incidentes aislados, son utilizadas habitualmente por las autoridades carcelarias como medio de castigo o intimidación.
Mencionó casos como el del recluso de la prisión Alambrada de Manacas Bienvenido Martínez Bustamante, quien fue duramente golpeado el 8 de junio de 1992, supuestamente por haber criticado a la revolución; según se informó, se le ocasionaron lesiones en todo el cuerpo, el rostro le quedó desfigurado y perdió el conocimiento, pese a lo cual no recibió atención médica de ningún tipo.
También el caso de Ibelise Camejo Moleiro, quien el 4 de mayo de 1992 fue duramente golpeado en la prisión de Guanajay por escribir una carta a las autoridades en la que se quejaba de aislamiento y de estar sin agua para el aseo y sin correspondencia.
En la prisión provincial de Ciego de Ávila también las golpizas, celdas de castigo, vejaciones y humillaciones a los presos políticos fueron recurrentes durante este período. El testimonio de un preso político señala que “las requisas son constantes y frecuentes, las medidas son extremas por parte de la seguridad del penal para evitar que salga un solo testimonio de lo que allí ocurre, los presos son desnudados y requisados dos veces antes de recibir visita, sólo pueden ver a sus familiares a través de una mesa mientras un guardia vigila sus movimientos”.
“Nos ubican con delincuentes que son de alta peligrosidad, personas que presentan trastornos de la personalidad e incluso psiquiátricos. En muchos casos la Seguridad del Estado, valiéndose de la situación que presentan estas personas y de los bajos valores morales que tienen, las utilizan para ultrajar nuestra dignidad. Muchos son utilizados por la Seguridad del Estado como informantes, les prometen beneficios para que proporcionen información sobre lo que nosotros hablamos y les autorizan a que si nos oyen hablando mal del presidente de la República puedan caernos a golpes”, comentaba un preso de La Manga, en Granma.
“Por otra parte, las autoridades del penal han creado un sistema según el cual a determinados presos se les encarga velar por la disciplina de los demás a cambio de ciertos privilegios. Son personas violentas, sin escrúpulos, de alta peligrosidad que implantan un rigor excesivo. Por cualquier detalle de disciplina que cometa un preso lo ultrajan, lo ofenden con palabras denigrantes y hasta lo golpean salvajemente”, agregó.
El ex preso político Jorge Luis García Pérez Antúnez reportó los siguientes casos de abusos, brutales golpizas —que acabaron en algunos casos con la vida del preso—, malos tratos y vejaciones cometidas por las autoridades de la prisión “Kilo 8” en perjuicio de los reclusos:
En junio de 1995 el recluso Samuel Simpson Gonzáles recibió una golpiza tan brutal y salvaje a manos del “capitán Tony”, que horas después falleció en el Hospital Amalia Simoni. Tal golpiza le provocó una hemorragia y trombosis, al ser propinada momentos después de comer.
En diciembre de 1994 fue objeto de una descomunal golpiza el recluso René Veiz López, de 34 años, natural de Encrucijada, Villa Clara. En esta golpiza le fracturaron y astillaron el brazo, además de recibir heridas en varias partes del cuerpo.
En septiembre de 1993, los reclusos Roberto Ruiz Debilla, de 32 años, natural de Camaguey y Gerardo Mesa Rodríguez, de 34 años, natural de Holguín, recibieron una golpiza tan descomunal que fueron ingresados en el hospital en grave estado de salud.
“Sería interminable relatar en este informe los intentos de suicidio y autoagresión que tienen lugar aquí —prisión Kilo 8, donde estuvo preso Antúnez. Su cotidianidad ha hecho que tales actos nunca causen sorpresa. (…). En muchas ocasiones las riñas y lesiones entre los reclusos son provocadas por la negligente e irresponsable conducta de militares que no muestran la más mínima preocupación y seguridad. Estos le muestran más atención y ven mayor peligro a trasiego de cartas y denuncias, o de materiales religiosos”.
“Para las autoridades de esta prisión constituye un júbilo y satisfacción ver a un recluso que luego de mantener una decorosa conducta durante un determinado período de tiempo degrade su conducta auto-agrediéndose o privándose de sus pocos artículos o pertenencias para obtener un alimento extra”.
Según Maritza Lugo, expresa de conciencia, a las reclusas “cuando llega el día de la tan deseada visita familiar, las reclusas tienen que soportar degradantes y humillantes requisas y registros corporales, donde las desnudan y entre varias guardias las registran, le revisan el pelo, las mandan a hacer cuclillas desnudas, para comprobar si esconden algo en sus partes; también registran los zapatos y demás pertenencias. Las presas son torturadas física y psicológicamente, sobre todo en las celdas de castigo, donde las reclusas están solas y no hay nadie que pueda servir de testigo, las guardias golpean con bastones duros de goma, llamados Tonfa”.
Tal como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “el Estado, al privar de libertad a una persona, se coloca en una especial posición de garante de su vida e integridad física. Al momento de detener a un individuo, el Estado lo introduce en una ‘institución total’, como es la prisión, en la cual los diversos aspectos de su vida se someten a una regulación fija, y se produce un alejamiento de su entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una limitación del espacio vital y, sobre todo, una radical disminución de las posibilidades de autoprotección”.
“La obligación que dimana de esta posición de garante implica entonces que los agentes del Estado no sólo deben abstenerse de realizar actos que puedan infligir lesiones a la vida e integridad física del detenido, sino que deben procurar, por todos los medios a su alcance, mantener a la persona detenida en el goce de sus derechos fundamentales”.
Sin embargo, el Estado cubano, como muchos otros en el mundo, parece no tomar en cuenta su responsabilidad hacia los reos y su deber de protegerlos y garantizar su vida, el más importante de los derechos humanos.
Continuará...
