“El gobierno cubano debe respetar los derechos y aspiraciones de su pueblo” y “no encarcelarlo por ejercer sus libertades”, declaró este 17 de agosto la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, sobre la sentencia emitida contra el opositor cubano José Daniel Ferrer.
En su cuenta de Twitter, la dependencia federal recordó que el régimen cubano revocó la sentencia de Ferrer y lo condenó a la cárcel “una vez más”, a raíz de su participación en las protestas de julio de 2021.
Este martes las autoridades cubanas impusieron una sanción de cuatro años de cárcel y 14 días para el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), luego de revocar la condena vigente desde 2020 de limitación de la libertad sin internamiento.
Además, las autoridades mantienen la acusación de supuesto “desorden público” en su contra. Ferrer lleva más de un mes en desaparición forzada —un recurso de habeas corpus fue desestimado— tras ser detenido cuando intentaba unirse a las protestas en Santiago de Cuba.
El líder de la Unpacu padece gastritis crónica producto a una úlcera contraída por las huelgas de hambre realizadas durante la llamada Primavera Negra del 2003, y las que ha realizado recientemente.
Este 17 de agosto la ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) aseguró que el proceso legal contra Ferrer viola la Constitución del país.
La organización, con sede en España, menciona los artículos 56, 61, 94 y 95 de la Constitución, y los artículos 241 al 244 de la Ley de Procedimiento Penal, que regulan las detenciones y el proceder de los órganos judiciales, acorde a principios básicos de derechos humanos.
“A José Daniel Ferrer se le ha detenido arbitraria e ilegalmente; se le ha mantenido incomunicado violando todos los procedimientos procesales y los derechos del acusado y los familiares”, advierte CPD en el texto donde explica el proceder del Estado cubano contra el líder del movimiento opositor Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).
Además, agrega que el dictamen de “prisión provisional” carece de base, pues los gritos “abajo Díaz-Canel” y “abajo el hambre”, no pueden ser considerados delito.
El documento concluye que la actuación del Gobierno, las fuerzas del orden público y el sistema judicial cubano luego de las protestas del 11 de julio, destruyeron “cualquier atisbo de seriedad del propio conjunto del Estado de Cuba”.
