La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este 23 de junio las sentencias contra manifestantes del 11J, a las que el relator para Cuba de la organización, Stuardo Ralón, calificó de “desproporcionadas”.
“Como Relator para Cuba de la CIDH, condeno las penas desproporcionadas, en procesos sin garantías que buscan silenciar cualquier voz que exija libertad y democracia en la Isla. Penas de 18 y hasta 30 años, por salir a manifestar contra el régimen”, declaró en Twitter.
Ralón hizo referencias a nuevas sentencias contra manifestantes del 11 de julio, día de las protestas antigubernamentales más grandes de los últimos 30 años en el país, anunciadas este mes, y que alcanzan hasta 18 años de cárcel.
Según la FGR, las condenas fueron dictadas por delitos tales como sedición, desórdenes públicos, atentado y desacato.
El Tribunal Supremo Popular decidió mantener las acusaciones por el delito de sedición contra 18 personas que salieron a las calles en La Güinera, uno de los barrios más pobres de La Habana.
Los 18 manifestantes fueron condenados a 294 años en conjunto, con sanciones individuales de hasta 14 años de cárcel.
En La Güinera murió de un disparo policial el manifestante Diubis Laurencio Tejeda, la única víctima fatal de las protestas reconocida oficialmente.
La víspera, el Tribunal Supremo Popular rebajó las sentencias de manifestantes del 11 de julio en la esquina de Toyo, Diez de Octubre. Otros manifestantes del 11J, con penas de hasta 25 años de cárcel, también vieron rebajadas sus sanciones.
Entre los beneficiados figuran varios adolescentes, con penas de hasta 18 años, que ahora vieron sus sanciones reducidas a cinco años de cárcel “subsidiados por igual término de trabajo correccional con internamiento”.
La ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) elevó este 8 de junio a 1046 la cifra de su registro sobre presos políticos en Cuba, la mayoría encarcelados tras la escalada represiva por las manifestaciones de julio de 2021, que se extendieron a más de 60 localidades de la isla.
Cuba ocupa el quinto lugar mundial en población penal por cada 100 000 habitantes, según una escala del Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR, siglas en inglés), elaborado en la Universidad de Londres, Reino Unido.
