La denominada Asociación Madres de Abril (AMA), integrada por madres de las víctimas de las manifestaciones antigubernamentales en Nicaragua, firmó este miércoles un acuerdo con tres asociaciones cívicas para coordinar sus demandas de justicia y reparación, tanto a nivel nacional como internacional.
"AMA afirma que está profundizando la cooperación con organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda y exigencia de la verdad, justicia, reparación y garantía no de repetición", indicó la directiva de esa asociación, Josefa Meza, durante la firma.
AMA suscribió ese acuerdo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que era la contraparte del Gobierno del presidente Daniel Ortega en la mesa de negociación con la que esperaban superar la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 y que el mandatario dio por concluido de forma unilateral el pasado 30 de julio.
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También con las opositoras Unidad Nacional Azul y Blanco, y la Articulación de Movimientos Sociales.
Esos organismos se comprometieron, principalmente, a no suscribir ningún tipo de acuerdo que obstaculice o pretenda dejar en la impunidad las demandas de justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición de las violaciones a los derechos humanos de las personas asesinadas y sus familiares, según el convenio.
Además, se comprometieron a desarrollar acciones para cumplir los principios, mandatos, tratados y demás instrumentos internacionales del derecho humano relativos a justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición.
"La lucha de estos derechos es una acción necesaria, urgente y requisito fundamental en el proceso hacia la democratización del país", señaló Meza, al leer el acuerdo.
Esa asociación sostuvo que no desistirá de sus demandas "hasta que se establezca la verdad y la justicia sobre los asesinatos de nuestros familiares", que califican de "crímenes de lesa humanidad".
El coordinador de la Alianza Cívica, el académico Carlos Tünnermann, dijo que están comprometidos a que no haya impunidad de los al menos 328 muertos que han dejado las protestas, cuyo principal responsable, a su juicio, "surgió de la represión y del uso letal de la fuerza del régimen" de Ortega.
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Asimismo, criticó que los mecanismos unilaterales creados por el Gobierno sobre reparación, no repetición y búsqueda de la verdad, que han servido, según dijo, "para apañar sus crímenes".
Tras la firma del acuerdo, un grupo de familiares de las víctimas salió del hotel donde se celebró el encuentro y que fue resguardado por decenas de policías, y con gritos y pancartas demandaban verdad y justicia.
"Las madres no se rinden, exigen justicia", clamaban los familiares, algunos de ellos con fotografías de las víctimas y con banderas de Nicaragua, que la oposición usa como símbolo de las protestas contra el Gobierno de Ortega.
También gritaron "asesinos" a los policías antidisturbios, que cerraron el paso del estacionamiento del hotel hacia la carretera a los manifestantes, sin incidentes.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 595 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 -que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes"- y denuncia un intento fallido de golpe de Estado.
