El Tribunal Supremo de Cuba, a nombre del régimen cubano, rechazó la petición de libertad para las hermanas de 22 años Lisdany y Lidianis Rodríguez Isaac, ambas encarceladas tras las protestas del 11 de julio en Placetas, Villa Clara.
En declaraciones a Radio Televisión Martí la madre de las jóvenes, Barbarita Isaac Rojo declaró que “Yo le escribí al fiscal del Tribunal Supremo porque él dijo en la Televisión Nacional que manifestarse no es delito y como mis niñas lo que hicieron fue participar en las protestas de aquí pensé que sabiéndolo él tomaría alguna acción para ponerlas en libertad”.
La respuesta que obtuvo fue la de tramitar el caso en Fiscalía Municipal en Placetas, “que es el órgano que mandó prisión para ellas”, aclaró.
El pasado 15 de julio las hermanas fueron detenidas y acusadas de varios delitos. Las mantienen recluidas, bajo medida cautelar de prisión preventiva en la Cárcel de Mujeres villaclareña de Guamajal.
El jefe de policía de su localidad las acusa por los supuestos crímenes de desacato, vandalismo, propagación de epidemias y desorden público, bajo esta última figura delictiva han sido sancionados decenas de personas tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio, donde cubanos de más de 60 comunidades salieron a las calles exigiendo libertad, cambio de sistema y derechos civiles.
Sobre las manifestaciones en Placetas la madre aseguró que “Aquí en Placetas, las marchas fueron pacíficas. No hubo vandalismo, ni resistencia, Nada de eso”.
El 24 de julio pasado el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro expresó en conferencia de prensa que “En el país no es delito pensar diferente, no constituye delito, es un derecho. No somos trogloditas”. Aunque las practicas legales actuales demuestran otra realidad.
Más de 800 detenidos tras el 11J
La ONG Cubalex registra hasta la fecha 837 personas detenidas en el contexto de las manifestaciones. El 47% de estas se produjeron el 11 de julio y un 10% el día 12, pero se desconoce la fecha exacta de la detención en el 25% de los casos.
Además, se detuvieron a 33 personas con edades entre 14 y 18 años. Según la legislación cubana la edad mínima para ser penalmente responsable es 16 años. Al menos cuatro menores de 16 años fueron detenidos en el contexto de las protestas. En estos casos, la justicia se impartió de forma extrapenal y de manera administrativa.
Al menos a 44 personas de las que fueron excarceladas se les impusieron medidas cautelares de fianza en efectivo entre 2000 y 5000 pesos cubanos, de acuerdo con el artículo 8.3 del Código Penal, con lo cual se pone fin al proceso penal durante la fase investigativa por decisión de la policía, pero que por el monto sí deja antecedentes penales.
También a otros se les impusieron multas de naturaleza administrativa por disposición del Decreto 31/2021 sobre propagación de epidemia; en estos casos no se puso fin al proceso, pues según declaraciones de detenidos, se les levantó un acta de advertencia y aplicaron medidas cautelares no privativas de libertad como puede ser la reclusión domiciliaria y la obligación contraída en acta (firmadas en estaciones policiales), violatorio del principio “ne bis in idem”, según el cual nadie puede ser procesado ni juzgado dos veces por un mismo hecho.
Hasta le fecha se contabilizan unas 10 personas en desaparición forzada.
La ejecución de arrestos ha sido en todas las provincias del país, incluido el municipio especial Isla de la Juventud. El 28% de las detenciones se produjeron en La Habana, provincia con mayor número de detenidos (224), seguido de las provincias Santiago de Cuba y Holguín con el 11%, Villa Clara y Mayabeque con el 8%, y Matanzas y Artemisa con el 7%. Se desconoce el lugar de detención en el 4% de los casos registrados.
Varias organizaciones se han pronunciado en contra de las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno cubano a raíz de las manifestaciones que tuvieron un carácter antigubernamental.
