Un panel de expertos internacionales convocados por la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió con urgencia este lunes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que abra una investigación contra el régimen de Venezuela, por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En un comunicado reproducido por agencias de noticias, los juristas se refirieron a la situación de ese país, que se encuentra desde el 2018 bajo examen preliminar por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas ocurridas desde abril del 2017 (con saldo de al menos 125 muertos), y en prisiones donde habrían maltratado a disidentes.
El panel independiente, convocado en el 2017 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió que comiencen la investigación. Sin embargo, sobre la apertura o no debía pronunciarse la ex fiscal de la CPI Fatou Bensouda, quien dejó su cargo el pasado 15 de junio, y fue reemplazada por el abogado británico Karim Khan, informó la agencia de noticias EFE.
La exfiscal Bensouda dijo a finales del 2020 que existía “una base razonable” para creer que en Venezuela se cometieron crímenes “que competen” a la CPI, informó la agencia AFP.
Los expertos afirman que “cualquier retraso” en este proceso “sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo venezolano”. El 8 de junio, Bensouda dijo a EFE que anunciaría si abriría o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad, cuando el tribunal resolviera una solicitud del régimen de Nicolás Maduro, que se quejó de un supuesto trato “desigual” y “discriminatorio”. Pero el pedido del gobierno de Venezuela ya fue rechazado el 2 de julio, en la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI, por “improcedente”, según indican los expertos en la nota.
Es por esto que los especialistas convocados por la OEA afirman que ya “corresponde anunciar el comienzo de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela”.
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El panel de juristas está integrado por Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Santiago Cantón (Argentina) e Irwin Cotler (Canadá), quienes señalaron que retrasar el caso permitiría a las fuerzas de seguridad seguir “cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos”.
Según la agencia AFP, el informe del panel de la OEA remitido en septiembre de 2018 a la Fiscalía de la CPI, dio cuenta de asesinatos, encarcelaciones, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual contra opositores en Venezuela, así como persecuciones y desapariciones forzadas, con evidencias que se remontaban “por lo menos al 12 de febrero de 2014”.
La CPI, con sede en La Haya, se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países, incluido Venezuela, que entró en vigor en el 2002.
