La coordinadora de la iniciativa Cuba Decide, Rosa María Payá, criticó a los 13 países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), porque se opusieron a debatir la situación de Cuba en la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Es vergonzoso que nuestros vecinos más cercanos sirvieran al régimen cubano en su empeño de silenciar las graves violaciones que se están cometiendo en nuestro país. A nuestros hermanos del Caricom, los invitamos a rectificar ahora", señaló Payá en su Twitter oficial este jueves.
El 28 de julio, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) postergó la sesión virtual prevista para ese día, en la que se trataría la situación de Cuba luego del estallido social en la isla el 11 de julio contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.
De acuerdo con Payá, "en una carta que ignora los graves hechos que suceden en la Isla, Antigua y Barbuda hablando a nombre de la mayor parte del CARICOM presentó objeciones jurídicas a la realización de una sesión extraordinaria del consejo permanente para tratar la situación en Cuba".
"El Caricom tendrá que decidir si va apoyar el derecho a los derechos de sus hermanos cubanos o pasará a la historia como cómplice de los dictadores", concluyó su comunicado la opositora cubana.
Desde el 16 de agosto de 2019, el Directorio del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria aprobó una subvención multinacional del Caribe de $6,5 millones en el que la Secretaría de Caricom actua como receptor principal, y según datos publicados por Caricom en octubre de 2019 se aprobó un subsidio económico en el que Cenesex, dirigido por Mariela Castro Espín, hija del General, Raúl Castro Ruz. aparece como uno de los subreceptores.
El mayor donante del Fondo Mundial es Estados Unidos, que ha contribuido hasta la fecha más de 8.500 millones de dólares. Otros donantes importantes del Fondo Mundial son Francia, Alemania, Reino Unido y Japón.
"La subvención, titulada "Sostenibilidad de los servicios para poblaciones clave en el Caribe", comenzó el 1 de octubre de 2019 y finalizará el 30 de septiembre de 2022. "El objetivo de la subvención es brindar servicios sostenibles de prevención, tratamiento y atención para poblaciones clave en la región del Caribe", explica Caricom en su página oficial.
Según el sitio web de la organización el fondo es parte de la subvención PANCAP-CVC-COIN que beneficia al CENESEX como subreceptor por mediación del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN). Esta organización con sede en República Dominicana se dedica a "implementar programas educativos para la prevención y atención de la salud, para enfrentar la discriminación social a la que son sometidos los grupos en condiciones sociales de vulnerabilidad", según su página web.
Mariela Castro Espín fue agregada en 2019 a la lista de personas sancionadas en los EE.UU, en virtud de la sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del año fiscal 2019.
Según datos publicados por Caricom el objetivo del proyecto que involucra a Cenesex es “implementar programas para reducir las barreras relacionadas con los derechos humanos para recibir servicios de VIH” y asuntos legales relacionados con servicios. En 2020 el grupo regional se opuso a la designación de Cuba entre los países patrocinadores del terrorismo.
ADN Cuba solicitó información a COIN sobre la subvención a Cenesex pero no respondió a nuestros mensajes. Además de recibir subisidios del Fondo Mundial, tanto COIN como Caricom reciben fondos de USAID, según datos públicos.
"Quiero aprovechar esta publicación para hacerle un reconocimiento a todo el personal de COIN que de manera entusiasta, calurosa y decidida ha contribuido a que hoy seamos lo que somos, igualmente aprovecho la ocasión para reconocer el respaldo que nos han venido brindando instituciones como el CONAVIHSIDA, el Instituto Dermatológico, el Ministerio de Salud Pública, USAID, CDC, PEPFAR, así como las organizaciones de base comunitaria con la que trabajamos", declaró Santo Rosario, director ejecutivo de COIN en la página oficial de la organización.
Mientras la hija de Raúl Castro, mantiene, por intermedio de CENESEX, una estrecha relación con organizaciones que reciben fondos de la USAID y de otros organismos subvencionados por el gobierno de Estados Unidos, como el Global Fund, el régimen de La Habana se dedica a perseguir a aquellos que autogestionan presupuestos sin el “visto bueno” del Partido Comunista y los acusa de 'subversión'.
En 2015 la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Comunidad del Caribe (Caricom) firmaron acuerdos que representan $165 millones dedicados a apoyar el desarrollo en la región por parte del gobierno de los Estados Unidos al Caribe Oriental y Meridional.
Por su parte el Global Fund, una organización internacional que ha recibido hasta la fecha $8.5 mil millones en fondos estadounidenses, amparados en una resolución del Congreso de los Estados Unidos, le aprobó más de 100 millones de dólares al régimen cubano con el supuesto propósito de combatir el VIH y la tuberculosis.
La información pública consultada por ADN Cuba indica que desde 2003, el régimen cubano le aprobaron recibir más de $126 millones del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, una organización internacional con sede en Suiza, que recibe la mayor parte de sus fondos de Estados Unidos.
Una de las preguntas enviadas por ADN Cuba a COIN, sin respuesta hasta el momento, es si una de las "barreras de derechos humanos" que el CENESEX debería combatir con esos fondos, es la discriminación política en el acceso de los pacientes de VIH-SIDA al tratamiento adecuado.
El 6 de noviembre de 2020, Yaquelín Heredia Morales, integrante del grupo opositor Damas de Blanco y paciente con VIH, denunció, junto a su esposo y otros activistas de derechos humanos, las dificultades que enfrenta para obtener atención médica en la Isla.
Yosmany Labrada, ex miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en conversación con ADN Cuba contó que fue difícil para él hacerse la prueba de VIH cada seis meses a fin de monitorear la progresión de la enfermedad. Labrada dijo que las pruebas se realizaban principalmente en personas recién diagnosticadas y mujeres embarazadas que vivían con el VIH-SIDA, pero que, a las que habían sido diagnosticadas hacía años, les era difícil hacerse la prueba cada seis meses.
Labrada cree que en su caso también se trató de una táctica represiva en concexión con el trabajo que realizaba dentro de Cuba como activista LGBTI, miembro de la UNPACU y por ser alguien que criticaba frecuentemente a Mariela Castro Espín.
Señaló que antes de salir de la isla rumbo a Estados Unidos, acudió a una farmacia local para obtener sus medicamentos y que le habían dicho que no había, lo que lo obligó a obtener su tratamiento en el mercado negro durante los tres meses previos a emigrar.
"O no tenían o no querían darme los medicamentos usando el déficit de productos como excusa”.
En contraste, muchas organizaciones civiles que abogaban por los derechos de los pacientes con VIH, permanecen sin reconocimiento legal en Cuba y los activistas enfrentan persecución por expresarse. En septiembre de 2020, el grupo Cuba Independiente y Democrática (CID) denunció la muerte de la paciente con VIH, Anisleidis Suárez Arrechea, de 34 años, residente en el barrio Villa Josefa de la ciudad de Santa Clara, en condiciones de extrema pobreza.
El CID intentó abogar por Suárez Arrechea, y el 6 de diciembre de 2019, la activista escribió una carta a las autoridades provinciales del Partido Comunista y al gobierno solicitando asistencia financiera para paliar su situación.
La organización dominicana tampoco respondió nuestras preguntas sobre el monto del acuerdo con CENESEX, las actividades que deberá corrdinar la organización dirigida por Castro Espín para satisfacer el acuerdo o los mecanismos utilizados para fiscalizar el apropiado uso de los fondos.
Documentos consultados indican que del Fondo Global recibió de Cuba, por intermedio de las Naciones Unidas, la solicitud de $2,183.684 en fondos para 2018, en concepto de “iniciativas de comunicación” que ayuden a promover “conductas sexuales responsables en grupos de alto riesgo y población en general a través de actividades de información, educación y comunicación”.
Para hacer posible la iniciativa de comunicación, el régimen de La Habana presentó un presupuesto de $2,183.684 en en 2018, $1513,418 en 2019, $1557,325 en 2020 y ha proyectado gastar $87,580 en 2021 solo en "actividades de comunicación".
Un activista consultado por ADN Cuba que trabajó en el CENESEX indicó que “la campaña es una inversión millonaria en aparentar que se lucha contra la homofobia” , y agregó que el problema del gobierno no es de donde vienen los fondos si no cómo controlarlos.
