La policía de Nicaragua detuvo este 8 de junio al aspirante presidencial opositor Félix Maradiaga tras citarlo a rendir declaración durante más de cuatro horas, informaron fuentes oficiales y de su equipo de campaña.
Un comunicado de la policía confirmó que el candidato por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) fue arrestado en Managua y está “siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación e incitar a la injerencia extranjera”, entre otros supuestos delitos.
Maradiaga es el tercer aspirante opositor a la presidencia que resulta detenido en la última semana en Nicaragua. El Poder Judicial mantiene bajo arresto domiciliario y vigilancia policial a la periodista Cristiana Chamorro desde hace seis días, mientras que el lunes envió a prisión por tres meses al economista y exdiplomático Arturo Cruz.
Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Crisis Group, una OBG destinada a evitar y resolver conflictos, dijo que los arrestos de los aspirantes a la presidencia cumplen múltiples propósitos para Ortega.
Primero, envía un mensaje para movilizar a la base sandinista, reforzando su narrativa de que las protestas callejeras de 2018 fueron un intento de golpe de Estado con respaldo extranjero.
Segundo, es una demostración de fuerza destinada a provocar divisiones dentro de la oposición y, finalmente, obligarla a tomar la decisión de respaldar a un candidato menor o no participar en las elecciones.
Las sanciones de Estados Unidos y Europa impuestas a personas cercanas a Ortega y figuras clave de su gobierno claramente lo han molestado, pero no lo han llevado a producir concesiones, agregó el analista.
Antes de ser arrestado, Maradiaga declaró a periodistas que fue interrogado sobre sus actividades como exdirector de una ONG de estudios económicos, si tenía nexos con el narcotráfico y si en sus viajes a Estados Unidos solicitó sanciones contra Nicaragua, a lo que él respondió que las pidió “pero no para castigar al pueblo sino a funcionarios del gobierno que han cometido crímenes de lesa humanidad”.
Estos delitos que el imputan están contenidos en la llamada “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, aprobada por el Parlamento bajo control oficialista.
La oposición ha rechazado estas detenciones y acusa al gobierno de Daniel Ortega de desatar una “embestida represiva” para impedir la realización de elecciones “libres y competitivas” el 7 de noviembre próximo, cuando el mandatario sandinista, que gobernó de 1985 a 1990 y volvió al poder en 2007, buscará su tercera reelección para un cuarto mandato presidencial consecutivo.
