El régimen de Nicolás Maduro ordenó este 24 de febrero la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilhante, a quien le dio 72 horas para abandonar el territorio venezolano, en represalia contra las últimas sanciones del bloque a 19 funcionarios del chavismo.
“Por decisión del presidente Nicolás Maduro le hemos entregado en sus manos a la señora Isabelle Brilhante, quien en los últimos años fue la jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, la declaratoria como persona no grata”, indicó el canciller Jorge Arreaza en conferencia de prensa.
En la víspera, la Asamblea Nacional aprobó un “acuerdo de repudio” contra las sanciones y planteó “exhortar” al Poder Ejecutivo a expulsar a la diplomática.
Las últimas sanciones afectan, entre otros funcionarios, a Remigio Ceballos, uno de los principales jefes militares de Venezuela; Indira Alfonzo, jefa del Consejo Nacional Electoral, y a dos congresistas.
Fueron implementadas en reacción a las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, boicoteadas y calificadas de fraudulentas por los partidos políticos de oposición y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. Dicha votación dio al partido del gobierno y sus aliados 256 de 277 escaños.
Por su parte, la oposición local había advertido de los posibles efectos de la medida, sosteniendo que podría causar la suspensión inmediata de programas de ayuda humanitaria.
“Esto sólo aislará más a Maduro y recibirá un enérgico repudio del mundo libre. La presión democrática internacional es una respuesta a la destrucción de las libertades en el país, al empeño de impedir elecciones libres. No cesará hasta tanto no se restablezca la democracia”, indicó Julio Borges, coordinador de Primero Justicia.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE, que desde entonces ha aprobado medidas contra 55 funcionarios venezolanos, que incluyen la prohibición de viajar a su espacio y la congelación de activos.
Es la segunda vez desde junio de 2020 que Venezuela expulsa del país al representante del bloque por sanciones aplicadas por la UE.
La víspera, la Contraloría General de Venezuela inhabilitó al líder opositor Juan Guaidó, y otros 27 diputados, en su mayoría opositores, acusados de ocultar información de sus patrimonios tras el cese de sus funciones como legisladores, por lo que no podrán ejercer cargos públicos por 15 años.
En 2015, los adversarios de Maduro ganaron la Asamblea Nacional al obtener una mayoría que les fue esquiva durante 16 años de gobiernos socialistas, primero con el exmandatario Hugo Chávez y posteriormente con Maduro.
Entre 2015 y 2020, el Tribunal Supremo, también bajo control del gobierno, despojó a la Asamblea Nacional opositora de todas sus facultades, anuló los proyectos de ley, acuerdos internacionales y nombramientos de los titulares de otras instituciones, como la Fiscalía General, la Contraloría General y la autoridad electoral, que por ley deben ser elegidos por el poder legislativo.
