La Contraloría General de Venezuela inhabilitó al líder opositor Juan Guaidó, y otros 27 diputados, en su mayoría opositores, acusados de ocultar información de sus patrimonios tras el cese de sus funciones como legisladores, por lo que no podrán ejercer cargos públicos por 15 años.
El contralor general Elvis Amoroso, un partidario del chavismo y cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro, anunció que los 28 exdiputados de la Asamblea Nacional —electa para el periodo 2015-2020 y con abrumadora mayoría opositora— quedaron inhabilitados luego de que “se negaron” a presentar sus declaraciones juradas de patrimonio dentro de los 30 días siguientes al cese de sus funciones.
La nueva Asamblea Nacional, que el oficialismo recuperó luego de cinco años, se instaló el 5 de enero pasado.
Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional en funciones, se declaró presidente interino en 2019 y fue reconocido por Estados Unidos, entre otros 60 países, como gobernante legítimo de Venezuela en lugar de Maduro argumentando que la reelección del mandatario en 2018 fue fraudulenta.
La Contraloría General, que se encarga de la revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos, en el 2019 inhabilitó a Guaidó para participar en elecciones y ejercer cargos públicos en Venezuela por 15 años por la supuesta falsificación de datos en su declaración patrimonial y por recibir dinero del exterior sin justificación.
Entre los inhabilitados además figura Germán Ferrer, un exguerrillero izquierdista y esposo de la exfiscal general Luis Ortega Díaz. Ambos son disidentes del oficialismo.
Ferrer y Díaz huyeron del país después de que la funcionaria fue destituida del cargo en 2017 por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, creada ese año para redactar una nueva constitución y que cesó sus funciones luego de tres años, en diciembre de 2020, sin promulgarla.
Ortega Díaz, quien se alejó del gobierno en medio de las violentas protestas callejeras de 2017, reside en Colombia y ha impulsado procesos judiciales en el extranjero contra Maduro, al que acusa de cometer violaciones de derechos humanos y una serie de actos de corrupción.
Entre 2015 y 2020, el Tribunal Supremo, también bajo control del gobierno, despojó a la Asamblea Nacional opositora de todas sus facultades, anuló los proyectos de ley, acuerdos internacionales y nombramientos de los titulares de otras instituciones, como la Fiscalía General, la Contraloría General y la autoridad electoral, que por ley deben ser elegidos por el poder legislativo.
En 2015, los adversarios de Maduro ganaron la Asamblea Nacional al obtener una mayoría que les fue esquiva durante 16 años de gobiernos socialistas, primero con el exmandatario Hugo Chávez y posteriormente con Maduro.
Los partidarios de Maduro obtuvieron 256 de las 277 bancas en los comicios legislativos del 6 de diciembre de 2020, que fueron denunciados por organizaciones venezolanas e internacionales debido a las acusaciones de fraude.
