La discusión en Costa Rica sobre la venta de activos del Estado está a la vuelta de la esquina ante el inminente convenio de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con el FMI. Aún están frescas las memorias de los agrios debates y cruentas divisiones que provocó la apertura de los mercados de telecomunicaciones y seguros. Si por la víspera se saca el día, vender las “joyas de la abuela” será igual o más controversial.
La apertura de los monopolios que ostentaban el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) se dio en el marco de un tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y EE.UU. que fue sometido a referéndum, el único a la fecha en nuestra historia. Si bien el CAFTA-RD contemplaba muchos otros aspectos como desgravación arancelaria, reglas de origen, protección de la propiedad intelectual, etc., el futuro de las telecomunicaciones y los seguros jugó un papel predominante en dicha discusión. Al final, hubo un mandato popular inequívoco a favor de la apertura.
Por su naturaleza polémica y alto simbolismo, la venta de activos debería también contar un mandato popular. Ningún partido con representación en el Poder Ejecutivo o en la Asamblea Legislativa planteó este tema en sus planes de gobierno del 2018 y, por lo tanto, ningún costarricense ha consentido aún esa opción. Debido a que se trata de una reforma estructural significativa, es una decisión que debe planteársele al electorado en las elecciones del 2022.
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Buscar la sanción del soberano no debe interpretarse como un obstáculo o táctica dilatoria. Ante la calamitosa situación fiscal que enfrenta el país, la venta de activos no es una opción, sino una necesidad y así hay que presentárselo sin ambages a los votantes. El Ministerio de Hacienda de Costa Rica proyecta que para finales del 2021 la deuda del gobierno central superará el 80% del PIB, muy por encima del umbral que es considerado como aceptable para una economía con las características de la costarricense (50% del PIB). El servicio de deuda es por mucho la principal erogación fiscal, constituyendo un 42,4% del presupuesto del 2021. Vender activos como el INS, Banco de Costa Rica, Banco internacional de Costa Rica (BICSA) y Fábrica Nacional de Licores (Fanal) serviría para reducir el monto de la deuda y así bajar la presión de las tasas de interés que paga el gobierno.
Pero en esta operación, el orden de los factores sí altera el producto. De poca utilidad fiscal sería privatizar estos activos si antes no se han aprobado las reformas estructurales del lado del gasto que hemos venido posponiendo desde hace varios años: reforma al empleo público que introduzca un salario único para todo el sector público que aún no lo haya hecho, coto definitivo a las pensiones de lujo, congelamiento de las transferencias, derogación de las leyes que crean destinos específicos, cierre o fusión de instituciones estatales, uso obligatorio del régimen de compras públicas (SICOP) y, para coronar, incorporar la regla fiscal en la Constitución Política. Si no se hace esto antes, corremos el riesgo de que el dinero que obtengamos producto de la venta de activos se vaya en más gasto público improductivo.
Según cálculos conservadores, estas operaciones podrían generarle al Estado $3.000 millones, lo cual equivale a aproximadamente 5% del PIB. No nos engañemos: las joyas de la abuela tampoco valen mucho, ni por sí solas nos van a salvar la tanda. Pero son un complemento importante en la ecuación de enderezar las finanzas estatales y potenciar el crecimiento económico. Así se les debe plantear a los costarricenses en el 2022.
