Cuando se anunció hace dos meses que Costa Rica fue formalmente invitada para convertirse en el miembro 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no pocos reaccionaron con cierto cinismo sobre la utilidad de pertenecer a un club cuya membresía anual les costará a los contribuyentes ¢1.500 millones anuales. ¿Qué rédito le podría traer a los ciudadanos “de a pie”?
La valía de pertenecer a la OCDE la podemos encontrar en las 148 páginas del informe de Estudios Económicos sobre Costa Rica 2020 que dicho organismo presentó la semana pasada.
Se trata de una radiografía exhaustiva de las políticas públicas del país, con múltiples señalamientos sobre los aspectos que hay que corregir y sugerencias específicas de cómo corregirlo, basándose en reformas similares que han implementado los otros 37 miembros del club –que en su enorme mayoría son países desarrollados–.
En sus primeras páginas, el informe destaca que hemos hecho muchas cosas bien en el pasado y eso explica que “Los indicadores de bienestar son comparables con los estándares de la OCDE, e incluso más altos en algunas dimensiones”. Pero, viene la advertencia, “Costa Rica enfrenta desafíos sustanciales para retener los éxitos alcanzados y continuar dirigiéndose hacia niveles de vida más altos”. En otras palabras, por dormirnos en nuestros laureles no solo perderemos la oportunidad de dar un salto decidido al desarrollo, sino que incluso arriesgamos esos logros que nos han hecho destacar hasta ahora. Por eso, como he indicado con anterioridad, el “nadadito de perro” dejó de ser una opción.
Es imposible resumir un estudio tan sustancioso en un artículo de opinión, por lo que me limitaré a destacar diez observaciones y recomendaciones que me llamaron la atención:
1. “Los aumentos en el gasto público desde 2008 no han conllevado a una mejora de desempeño [en los servicios públicos]… El gasto social ha aumentado, pero eso no ha reducido la desigualdad de manera significativa”. Es más, Costa Rica es el país con el mayor nivel de desigualdad de la OCDE, superior incluso al de Chile con su vilipendiado modelo “neoliberal”. Según el informe, las dos medidas que tendrían más impacto en reducir la desigualdad –medida por el coeficiente de Gini– sería una reforma de la remuneración del sector público y una reducción de la informalidad.
2. “A pesar del alto gasto en educación, los resultados de las pruebas PISA son malos”. Es más, son los peores del club con la excepción de Colombia, aún cuando nuestro gasto educativo es proporcionalmente el más alto. Al igual que el primer punto, esto expone la pésima calidad del gasto público en Costa Rica. La OCDE recomienda puntualmente la implementación de evaluaciones periódicas a los docentes para garantizar que estos manejan adecuadamente las materias que les imparten a los estudiantes.
3. “El desempeño económico de Costa Rica se ve dificultado por la participación intensa del Estado y las altas barreras de entrada, en comparación con los países de la OCDE y sus pares regionales”. De hecho, tenemos las regulaciones más asfixiantes del club. Por eso, “Establecer una empresa en Costa Rica es significativamente más costoso y complicado que en los países de la OCDE y en países latinoamericanos similares”. Entre otras medidas, el informe recomienda establecer mecanismos de ventanilla única (digital y física) para todas las licencias y permisos. Actualmente estas facilidades solo están disponibles para las empresas en régimen de zona franca. Además, sugiere eliminar el requisito de usar un notario para establecer una empresa.
4. “El sector bancario costarricense continúa estando sumamente concentrado”. El informe detalla varias regulaciones que “obstaculizan la eficiencia de los bancos públicos y privados, limitan la competencia y se traducen en unos de los márgenes de tasas de interés más altos de América Latina”. Entre estas se encuentran la garantía general existente que gozan los bancos estatales, la obligación que tienen los bancos privados de prestar un 17% de sus depósitos a un fondo de crédito para el desarrollo, y la obligación de las instituciones públicas de depositar sus fondos en los bancos estatales.
5. El estudio insiste ad nauseam en la importancia del “cumplimiento pleno” de la regla fiscal como elemento fundamental detener el aumento de la deuda pública. Además, añade que “Costa Rica también podría consagrar la regla fiscal en la Constitución, como lo han hecho varios países de la OCDE, ya que esto puede fomentar el cumplimiento y proporcionar un contrapeso útil a otros puntos que aparecen en la Constitución y tienen implicaciones fiscales, como la obligatoriedad del gasto en algunas áreas”. Lo ideal sería que se eliminen todos los mandatos legales y constitucionales sobre el gasto público que lo hacen sumamente inflexible, pero una regla fiscal podría hacer dicha tarea. En ese sentido, el informe recomienda que se permita que todas las categorías de gasto puedan ajustarse cuando la deuda pública excede el 50% del PIB.
6. “La remuneración de los funcionarios del Gobierno representa más de la mitad de los ingresos totales [del gobierno central], la mayor proporción entre los países de la OCDE y más del doble del promedio de los países de la OCDE. Los salarios del sector público también son casi 50% más altos que en el sector privado, después de tomar en cuenta las características de los empleados”. Para ello propone una reforma del empleo público, con “un régimen de salario único con escalas salariales iguales para las mismas funciones en todo el sector público”.
7. En materia tributaria, más que aumentar impuestos –como algunos temíamos–, la OCDE lo que aconseja es “mejorar la combinación de impuestos”. En una línea similar a lo que propuse en una columna en La Nación, el informe recomienda “Trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones de la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad” con el fin de reducir la informalidad y la desigualdad. Sí menciona explícitamente eliminar la exención en el pago del impuesto sobre la renta de las cooperativas y sobre el aguinaldo (aunque yo me enfocaría más bien en el salario escolar).
8. Quizás uno de los señalamientos más incómodos del informe es que “la pobreza [ha permanecido] prácticamente sin cambios en los últimos 25 años a pesar del aumento de los programas sociales”. Peor aún, indica que “El 24% de los beneficiarios de programas sociales destinados a reducir la pobreza son hogares de ingresos altos y medios”. Por eso, urge una mejor focalización utilizando la base de datos de SINIRUBE para mejorar la entrega de los programas sociales más grandes como Avancemos.
9. “Los aumentos recientes en los presupuestos universitarios se han canalizado principalmente a aumentar los salarios y la cantidad de personal administrativo, que es grande en relación con la cantidad de personal académico”. Además, indica que “Una preocupación particular es la inercia excesiva en las universidades costarricenses, que continúan estando muy sesgadas hacia las ciencias sociales y las humanidades, produciendo pocos graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)”. De hecho, “Solo el 15% de los graduados siguen carreras de STEM, la misma proporción que en 2005”. Para ello, la OCDE sugiere introducir un sistema, implementado en Irlanda en 2018, que introduce incentivos en el financiamiento de las universidades estatales con el fin de vincular los recursos que reciben con la respuesta a las necesidades del mercado laboral.
10. El informe hace mucho énfasis en los pocos niveles de competencia que se encuentran en algunos mercados como los del azúcar, el arroz, el café, el transporte marítimo y los servicios profesionales. En los primeros dos, indica que “las exenciones… son regresivas, reducen el poder adquisitivo de las personas de bajos ingresos y obstaculizan los esfuerzos para reducir la pobreza en Costa Rica”. Por lo tanto, recomienda eliminar gradualmente los regímenes proteccionistas en estos sectores.
Una de las grandes frustraciones de leer este informe es repasar todas las áreas en las que se deben hacer reformas y para las cuales no hay que inventar el agua tibia. Más frustrante aún, es que pocos de estos cambios están siendo planteados o discutidos desde el Poder Ejecutivo o la Asamblea Legislativa. En las próximas elecciones, los partidos políticos no deben desperdiciar mucha tinta en programas de gobierno. La OCDE ya nos hizo gran parte de la tarea.
