A partir del 2 de octubre de este año se implementarán nuevas tarifas migratorias en los Estados Unidos. Según la propuesta dada a conocer en un documento de más de 300 páginas , varios servicios migratorios de importancia sufrirán un incremento en su costo económico, entre ellos la suspensión de deportación y la solicitud de la ciudadanía.
El Departamento de Seguridad Nacional ajustó las tarifas migratorias con un alza promedio superior al 20 por ciento. Según dijeron, en un comunicado, es para recuperar sus costos operacionales y así evitar un déficit estimado en $1,200 millones anuales.
Ahora quien desee ser ciudadano de los EEUU va a tener que pagar una tarifa que aumenta un 81%, ya que se elevó de $640 a $1,170. La realidad es que ser ciudadano estadounidense no es ni un derecho ni un regalo, sino un privilegio por todo lo que representa. Privilegios que van desde tener un pasaporte que abre las puertas de casi todos los países del mundo, hasta tener el derecho a votar en las elecciones presidenciales.
Las solicitudes de asilo político ahora tendrán un costo de $50, y la entrega, a estos solicitantes, de un permiso de trabajo, otros $490. Eso haría de Estados Unidos uno de cuatro países en el mundo que cobran una tarifa por estos trámites migratorios. Estos costos tienen, en realidad, un valor casi simbólico, si lo comparamos con todos los beneficios que se pueden obtener a cambio, y, sobre todo, con el enorme costo que representa, para el erario público, la burocracia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la del Servicio de Ciudadanía Inmigración, y la de las cortes migratorias, que están sobrepasadas por el número de casos a procesar, debido al elevado número de personas que cada año buscan asilo en Estados Unidos.
El cobro para el proceso de asilo no significa que la concesión del asilo será más difícil, como dicen algunos abogados de inmigración malintencionados, porque las leyes con las que trabajan las cortes migratorias son las mismas, y el hecho de que te cobren o no por un proceso burocrático no significa que la ley vaya a variar. Con la imposición de este cobro, el gobierno también garantiza que las solicitudes de peticionarios de asilo serán resueltas en un plazo de 180 días desde la presentación del pedido. Algo importante, si tomamos en cuenta que en la actualidad las cortes demoran entre dos y tres años en dar una resolución. El pago por este servicio ayudará a que el gobierno pueda contratar más jueces para las cortes migratorias.
El mayor incremento se refleja en el formulario I-881 sobre solicitud de suspensión de deportación o cancelación de remoción, que pasará de $285 a $1,810, es decir un 535% más costoso. El formulario I-765 utilizado para solicitar permiso de trabajo costará $550, sufriendo un incremento del 34%. Y quienes obtuvieron la residencia a base de matrimonio, tendrían que pagar $760 para variar las condiciones en su estatus de residente permanente, lo que representa un 28 por ciento por encima del costo actual.
Los primeros en reaccionar contra las nuevas disposiciones legales del gobierno, que son de pleno carácter económico, porque no tiene ningún sentido que el contribuyente estadounidense sufrague los elevados costos burocráticos de los procesos migratorios, han sido los abogados de inmigración, que representan una de las partes más beneficiadas de un sistema migratorio disfuncional, que se ha convertido, para muchos países que exportan migrantes pobres y reciben grandes ganancias mediante remesas, en una industria muy rentable, como es el caso de México, cuyos ingresos en remesas son superiores a los de su industria petrolera.
Algunos abogados no ven la medida como parte de una estrategia económica lógica, sino desde una óptica absolutamente ideológica, pues creen que el gobierno lo hace para desalentar la llegada de inmigrantes, siguiendo así con la narrativa política del Partido Demócrata, las organizaciones a favor de la inmigración ilegal y algunos grupos no gubernamentales de presión política, que se empeñan en catalogar como antiinmigrante al presidente Donald Trump.
Un hecho que demuestra la falsedad de los argumentos de los abogados que dicen que el gobierno quiere que menos personas se puedan hacer ciudadanos, es el hecho de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE UU (USCIS), otorgará $10 millones de dólares a las organizaciones comunitarias que brindan asistencia a los inmigrantes con tarjetas verdes en el proceso de preparación para la naturalización.
