El Gobierno de Daniel Ortega ha mantenido la represión contra opositores nicaragüenses más de dos años después del levantamiento civil de abril de 2018, que él sofocó recurriendo a la brutalidad de la policía, el ejército y grupos paramilitares, afirmó un informe presentado este martes en Managua.
El documento, elaborado por el grupo interdisciplinario Monitoreo Azul y Blanco, y avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que desde el 4 de julio de 2018 la represión gubernamental en Nicaragua ha producido 10.360 incidentes.
Entre esos hechos se cuentan 410 asesinatos, 3.511 detenciones arbitrarias, 4.147 personas han recibido amenazas y 2.437 han sido agredidas.
"La represión nunca ha cesado, sin embargo es cíclica y se acentúa en fechas claves", señaló en sus conclusiones el grupo Monitoreo Azul y Blanco.
Esa organización recibe denuncias y elabora reportes, a veces de forma clandestina, para organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales.
La comisionada y relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, calificó el trabajo del grupo de monitoreo como "fundamental", especialmente después de que los delegados del organismo, incluyendo al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), fueron expulsados del país centroamericano, a fines de 2018.
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"Tenemos un Estado que no nos responde a las solicitudes de información (…) y por lo tanto adquiere mayor relevancia la labor de la información independiente, y desde esa perspectiva el monitoreo para nuestro trabajo es fundamental", explicó Urrejola.
Como ejemplo de que la represión ha continuado, el grupo Monitoreo Azul y Blanco afirmó que las posibilidades de que una persona sea asesinada actualmente en la zona norte de Nicaragua, donde hay una alta concentración de campesinos, han aumentado en un 17 % respecto al segundo semestre de 2018.
El informe sostuvo que, "si bien los perpetradores han sido diversos, se identifica con más frecuencia a la policía, paramilitares, sistema penitenciario y Poder Judicial. Esto varía según zona geográfica, período y tipo de incidente".
"Por ejemplo, dentro del grupo de personas asesinadas, la probabilidad de ser asesinada por paramilitares es del 70 % y por el Ejército del 36 %, esto varía en el tiempo", especificó el reporte.
Hasta ahora la CIDH ha reconocido 328 muertos en los ataques armados contra las manifestaciones contra Ortega en 2018.
La violencia por razones políticas ha hecho que decenas de miles de opositores, defensores de los derechos humanos, y periodistas, hayan optado por el exilio desde el inicio de la crisis, en abril de 2018.
Un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua está en marcha en la Organización de los Estados Americanos, por "rompimiento del orden constitucional", que de ser aplicado, suspendería al país del organismo.
(Con información de Efe)
