Los grupos armados ilegales en Colombia están sometiendo, amenazando y asesinando a las personas que incumplan las medidas adoptadas para mitigar la propagación del Covid-19, informó la ONG Human Rights Watch (HRW).
“En diversas comunidades a lo largo de Colombia, grupos armados han impuesto violentamente sus propias reglas para prevenir la propagación del Covid-19”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), serían los responsables de estas acciones criminales en las diferentes zonas del país.
Para conocer estos hechos, miembros de la ONG entrevistaron por teléfono, entre marzo y junio de 2020, a 55 personas en 13 departamentos de Colombia, incluidos líderes comunitarios, fiscales, funcionarios de organizaciones humanitarias, policías y residentes locales.
Según la investigación hecha por el organismo, estos grupos están imponiendo reglas para evitar la propagación del virus en al menos 11 de los 32 departamentos del país: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
Las medidas que estarían optando estos grupos criminales son toques de queda y cuarentenas, restricciones de circulación de personas, automóviles y embarcaciones, además de límites en los horarios de apertura de tiendas, y la prohibición de acceso a las comunidades para extranjeros y personas de otras zonas del país.
Algunos de los casos descritos por el documento ocurrieron el pasado 26 de abril, cuando miembros de la columna móvil ‘Jaime Martínez’ de las disidencias, asesinaron a tres personas que se encontraban en un parque público, por no cumplir con la medida de aislamiento impuesta por el grupo armado.
La ONG señala que las medidas que imponen los grupos armados han menoscabado todavía más el acceso a alimentos, para las comunidades que viven en situación de pobreza, acceso que ya era limitado debido al aislamiento preventivo ordenado por el gobierno.
“Debido a las normas establecidas por los grupos armados para limitar la pesca, los residentes ya no tenían pescado ni mariscos para vender”, explicó un líder comunitario del municipio de Tumaco.
Para las personas que habitan en estas zonas de conflicto, las medidas que imponen los grupos armados suelen ser más severas que las establecidas por el gobierno. Es el caso de los departamentos como Nariño, Arauca, Putumayo y Guaviare, donde estos grupos criminales no han permitido que las personas, incluyendo los enfermos, salgan de sus casas durante los toques.
José Miguel Vivanco indicó que el gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades. “Los ‘castigos’ brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación del Covid-19 exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas”, explicó.
