La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció este jueves que Nicaragua sufre una nueva "ola de represión" y violación de los derechos humanos por parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega, en medio de la crisis sociopolítica.
La denuncia fue emitida por la Alianza un día después de que la Policía de Nicaragua capturó a dos jóvenes que participaron en una misa en memoria de un manifestante que murió en un ataque armado de las fuerzas combinadas del Gobierno en 2018, en la ciudad de Masaya (Pacífico).
"Día a Día, el régimen continúa su ola de represión y violación sistemática a los derechos humanos de todos los nicaragüenses", indicó en una denuncia pública la Alianza Cívica, contraparte del Gobierno en las negociaciones para superar la crisis de Nicaragua, que se mantienen suspendidas desde abril pasado por la falta de cumplimiento de los acuerdos de parte del Ejecutivo.
La Alianza y otros movimientos de la oposición reclaman al Gobierno que cumpla con los acuerdos adquiridos en marzo pasado, en la mesa de negociaciones, en los que se comprometió a respetar la Constitución en lo referido a las libertades de expresión y de prensa, así como la liberación de los "presos políticos".
"La liberación de todas y todos los presos políticos es el primer paso y seguiremos exigiendo hasta que el régimen cumpla. Sin embargo, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen no pueden quedar en la impunidad", destacó la Alianza.
El Gobierno insiste en que ha cumplido con cada uno de los compromisos, sin embargo el asedio policial y capturas de toda persona que considera opositora contradice el discurso, según los miembros de la Alianza Cívica.
"Continúan estos atropellos a los derechos humanos de quienes nos oponemos a un régimen autoritario y exigimos un cambio. También continúa nuestro compromiso por lograr libertad plena para ejercer nuestros derechos constitucionales, democracia y justicia para las víctimas", agregó el movimiento.
Esta mañana la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se sumó a los reclamos de la oposición, al señalar que "resulta imperativa la liberación total y el cierre de causas judiciales" de los "presos políticos", además de expresar "la urgente necesidad de restablecer plenamente las libertades en Nicaragua".
El país centroamericano atraviesa una crisis que, desde el estallido social de abril de 2018 contra el presidente Daniel Ortega ha dejado 326 muertos, según la CIDH. Organizaciones humanitarias calculan en 594 el número de víctimas, y el Gobierno reconoce 200.
La CIDH sostiene que el Gobierno de Ortega ha ejecutado crímenes "de lesa humanidad" en el marco de la crisis.
