Gobierno y oposición llegaron a un acuerdo en la Mesa de Negociación en Nicaragua para la liberación de las personas detenidas por las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.
La “liberación definitiva” se deberá cumplir en 90 días contando a partir del 20 de marzo de 2019.
También se suscribió un acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas que establece poner fin a las detenciones arbitrarias, el desarme de grupos paramilitares y el levantamiento de la prohibición de reunión pacífica vigente desde octubre. De igual forma, se acordó “revisar” la situación de al menos una decena de organismos no gubernamentales y medios de comunicación a los que se les canceló su personería jurídica y que fueron allanados desde diciembre pasado.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, serán los garantes de la liberación de los manifestantes.
Los delegados del régimen y de la opositora Alianza Cívica acordaron durante la décima octava sesión de negociación invitar al nuncio apostólico y al ex ministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quien participa como testigo y acompañante del proceso en representación de la Secretaría General de la OEA, ser los garantes de la liberación de los considerados "presos políticos".
"La Secretaría General de la OEA y la Secretaría de Estado de la Santa Sede han aceptado oficialmente la invitación", señalaron las partes en un comunicado conjunto.
La liberación de los manifestantes estará a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que aceptó facilitar ese proceso, de conformidad al ordenamiento jurídico de Nicaragua y las respectivas obligaciones internacionales de este país en este ámbito.
El CICR contribuirá a la revisión y conciliación de las listas de detenidos que maneja el régimen y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y propondrá a las partes una lista actualizada.
