La organización no gubernamental Prisoners Defenders, que combate la represión política y democrática en el mundo, convocó este martes 16 de junio a una conferencia de prensa, en horas de la tarde, para denunciar la aplicación del Decreto-Ley 370 en Cuba.
A partir de junio del año pasado, entró en vigor en la isla este Decreto, que sentó las bases normativas -a través de normas ambiguas y fláccidas- para ejercer la represión y sancionar a cualquier persona que publique contenido que sea discordante con la narrativa oficial.
Las áreas fundamentales de la legislación (control sobre contenidos en línea, autorización para productos informáticos, prohibición de investigadores en seguridad informática, localización de datos y control gubernamental de la infraestructura) conspiran contra la consagración del acceso libre a internet, definido por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como "una condición sine qua non para el ejercicio efectivo de los derechos humanos hoy en día, incluyendo especialmente los derechos a la libertad de expresión y opinión, asociación y reunión, educación, salud y cultura".
Sobre las multas, violaciones, arbitrariedades, acosos… que se cometen en Cuba contra periodistas independientes, artistas, activistas sociales y opositores al régimen, profundizará un amplio panel, integrado por representantes de Prisoners Defenders y la sociedad civil cubana.
Moderará la sesión, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defender. Entre los panelistas se incluyen: Dita Charanzová, eurodiputada por Renew Europe, vice-Presidenta del Parlamento Europeo, Javier Nart, eurodiputado por Renew Europe, vice-Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de América Central y Cuba, Carlos Rojas, diputado del Congreso de España por el PP, portavoz adjunto - Área Constitucional, Blas Jesús Imbroda Ortiz, Presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, Decano del Colegio de Abogados de Melilla.
Durante una intervención especial de las víctimas de este decreto-ley participarán cubanos opositores, activistas de la sociedad civil, artistas, el artista y vice Coordinador del Movimiento San Isidro, Amaury Pacheco; la periodista Camila Acosta, el pastor Mario Félix Lleonart, Coordinador General del Instituto Patmos, el sindicalista Iván Hernández Carrillo, Secretario General de ASIC y Prisionero de Conciencia y José Daniel Ferrer, defensor de DDHH, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y Prisionero de Conciencia.
Prisoners Defenders presentará también una denuncia completa en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En informe -ya en marcha- se incluirán testimonios y pruebas irrefutables sobre la existencia de un patrón para eliminar de un modo sistemático la libertad de expresión en todas las comunicaciones electrónicas privadas y públicas en Cuba. Alrededor de una treintena de casos serán presentados, en comunidad con la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Movimiento San Isidro, la UNPACU, Instituto Patmos y Corriente Martiana.
La mayoría de las personas que han sido multadas por su actividad online han sido periodistas independientes, youtubers, activistas políticas o sociales. El régimen actúa casi de un modo similar en todos los casos: la policía política –de la Seguridad del Estado-, cita previamente a quienes ha identificado, presenta evidencias (publicaciones, testimonios, declaraciones, entrevistas…) y procede a la multa que por lo general rondan los 120 dólares o, hacen confiscaciones in situ, allanamientos sorpresivo a las vivienda, como fue el caso de la periodista Iliana Hernández, detalló
La ONG Freedom House publicó un comunicado, firmado junto a otras 46 organizaciones periodísticas y de derechos humanos entre las que se encuentran Demo Amlat y Transparencia Electoral, denunciando los abusos y la represión llevadas a cabo por este decreto; y solicitando a su vez a los organismos internacionales que tomen cartas en el asunto.
Freedom House reclamó además un pronunciamiento del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado, y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y solicitó que activaran sus respectivos mecanismos a fin de reiterar su solicitud al Estado cubano para que cambie su legislación, cumpliendo con su obligación de seguir un estándar de derechos humanos.
