El Gobierno sudanés se dispone a aprobar una ley para criminalizar la mutilación genital femenina (MGF), una práctica muy arraigada en Sudán, en un nuevo paso en la transición hacia la democracia y el respeto de los derechos básicos tras el derrocamiento del dictador Omar al Bashir hace poco más de un año.
El portavoz del primer ministro Abdalá Hamdok, Al Barag al Nazir, aseguró a la agencia de noticias EFE que la ley será aprobada "a finales de esta semana o a principios de la próxima", cuando está previsto que se reúnan el Consejo de Ministros y el Consejo Soberano, los dos principales órganos gobernantes de Sudán, que aún no dispone de un Parlamento.
Según Al Nazir, el "borrador de ley" aprobado por el Gobierno el pasado 22 de abril estipula "una pena a tres años de cárcel" para todo aquel que practique la MGF, además de la retirada de la licencia del hospital, centro de salud o clínica privada donde se haya llevado a cabo la operación.
El Fondo para la Infancia de la ONU (UNICEF) dio la bienvenida esta semana a este "gesto histórico" y afirmó que, con este paso, el país "entra en una nueva era".
Según Naciones Unidas, Sudán es uno de los países donde más se practica la mutilación genital, con el 86,6 % de féminas de entre 15 y 49 años que han sido sometidas a la brutal operación.
Hasta ahora, en la ley sudanesa la MGF no está penalizada aunque el gubernamental Consejo Estatal para la Infancia presentó una propuesta en 2017 para criminalizar la ablación, aún bajo el Gobierno de Al Bashir.
En aquel entonces, el Parlamento "pospuso la aprobación (de la ley) por la influencia de los (diputados) radicales y otros grupos que defienden esta práctica al considerarla una herencia social", relató a EFE la directora del organismo, Amira Musa.
Las ONG sudanesas se muestran a favor del borrador de ley aunque con discrepancias.
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La jefa de la ONG Centro de Protección de los Derechos de la Mujer y el Niño, Nahed Gabralá, lo calificó de una "victoria para la mujer sudanesa" y un paso importante "para acabar con la MFG".
Pero la secretaria general de la ONG Silmyia, Siham Omar, aseguró que la ley es "insuficiente" porque el castigo debe incluir a los padres que permiten que sus hijas sean sometidas a esta forma de violencia contra la mujer.
Según Naciones Unidas, al menos 200 millones de mujeres y niñas en el mundo han sufrido esta resección total o parcial de los genitales externos por motivos no médicos en al menos 30 países.
Más de la mitad de las víctimas se concentra en Egipto, Etiopía e Indonesia, países en los que la ablación está prohibida por ley pero se sigue practicando de forma clandestina, a pesar de que las instituciones musulmanas y cristianas también se hayan posicionado en su contra recientemente.