Skip to main content

España revela por qué no asiste a ciudadano suyo preso en Cuba por el 11J

España ha dicho por qué no puede prestar asistencia al ciudadano español Mario Josué Prieto Ricardo, un joven preso político en la isla acusado de “sedición” tras el 11J

Actualizado: 28 November, 2022

 

El Gobierno de España ha dicho que no puede prestar asistencia al ciudadano español Mario Josué Prieto Ricardo, un joven preso político en la isla acusado de “sedición” por las manifestaciones de julio de 2021, porque este también posee la nacionalidad cubana.

La justificación fue dada a conocer mediante una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso la agencia Europa Press, después de que el Partido Popular se interesara por el caso de Prieto y cuestionara la falta de apoyo de Madrid después de la petición de ayuda de sus padres, quienes enviaron una carta en septiembre al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Prieto Ricardo intentó suicidarse el pasado 5 de noviembre al tratar de lanzarse desde el quinto piso del hospital donde se encuentra recluido por varios padecimientos, en la provincia de Holguín.

La cancillería española dijo que la Embajada y el Consulado General en La Habana “han venido siguiendo el caso” y refieren gestiones realizadas a favor de Prieto ante las autoridades del régimen comunista “para aliviar su situación penitenciaria”. Pero el Gobierno de España afirma que, puesto que el joven también ostenta la ciudadanía cubana, “no es posible prestar la habitual asistencia al detenido” que brindan las autoridades ibéricas a los españoles presos en el extranjero, de acuerdo con la información divulgada por Europa Press.

El artículo 36 de la Constitución cubana señala que “los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en territorio nacional (...) no pueden hacer uso de una nacionalidad extranjera”, agregó Relaciones Exterioriores en la respuesta.

Mario Josué Prieto estaba residiendo en Estados Unidos y quedó atrapado durante una visita familiar por las restricciones de vuelos durante la pandemia en Cuba, en marzo de 2020. El 11 de julio de 2021, durante el mayor levantamiento popular contra el régimen comunista, participó en una protesta en Holguín y fue detenido.

Posteriormente, fue condenado a pasar 12 años preso por una supuesta “sedición”. De acuerdo con un informe jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), este delito no quedó probado durante el proceso contra Prieto, que fue víctima de varias violaciones de sus derechos.

Según el OCDH, citado por Europa Press, el hecho de que las autoridades de la isla estén aplicando el “principio de ciudadanía efectiva, no impide que las autoridades españolas intervengan” en el caso, pues “se han cometido errores jurídicos evidentes y se trata de una situación grave y humanitaria, con peligro para la vida del ciudadano español”. La ONG afirma que “la presión de España podría ser determinante para obtener la liberación”.

Niurka Ricardo, la madre del manifestante, contó recientemente al medio Libertad Digital que el intento de suicidio de su hijo ocurrió ante sus ojos. El joven estaba siendo trasladado por dos guardias y la jefa de sala, quienes “lo llevaban en una silla de ruedas esposado de pies y manos”, y “cuando cogemos el pasillo, aún no hay explicación para cómo él salta el muro del quinto piso para tirarse”.

La madre agregó que el incidente fue como una “pesadilla” y que la escena sigue siendo nítida para ella: “Un guardia, no sé cómo, lo agarró por las esposas de los pies. El otro trataba de cogerle la cabeza y no podía. Cuando lo logró, se iba con él... La jefa de sala y yo comenzamos a tratar de sujetarlo, a los gritos míos corrieron acompañantes de las salas y nos ayudaron”.

Prieto padece de trastornos de la personalidad, inestabilidad emocional, neurosis y riesgo suicida, según confirmó el propio régimen en su sentencia. Los familiares denunciaron que el joven no es atendido por un psiquiatra desde que entró en prisión, ni le han dado los medicamentos conforme al tratamiento que tenía antes de su arresto en julio de 2021.


Derechos Humanos