Amnistía Internacional advierte “panorama aterrador” por entrada en vigor de Código Penal en Cuba

La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) se pronunció en contra de la entrada en vigor del nuevo Código Penal del régimen cubano este 1 de diciembre, y alertó sobre las consecuencias de su aplicación para los diferentes actores de la sociedad civil cubana.

Un comunicado de la ONG alega que la nueva norma “corre el riesgo de consolidar aún más unas limitaciones arraigadas a la libertad de expresión y de reunión, y presenta un panorama aterrador para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades”.

La abogada Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, expresó que la nueva Ley Penal confiere a la dictadura mayores facultades para “seguir sofocando la libertad de expresión y de reunión en 2023 y años posteriores”.

AI señaló cinco aspectos del Código que considera “alarmantes” en el contexto cubano y que permitirán que los derechos humanos en la isla continúen siendo vulnerados:

1. Conserva muchas disposiciones del Código Penal [anterior] que se emplean hace decenios para silenciar y encarcelar a activistas.
2. El nuevo Código Penal castiga a cualquier persona que “ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento” del gobierno
3. Criminaliza la recepción de fondos, lo que limita aún más las actividades de periodistas independientes y activistas
4. Limita severamente la libertad de expresión en línea
5. El nuevo Código Penal mantiene la pena de muerte para 23 delitos

Desde su aprobación, el 15 de mayo de 2022, varias organizaciones e incluso el Gobierno de Estados Unidos han rechazado el Nuevo Código Penal cubano. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) dijo que este “podría dañar gravemente al periodismo independiente”.

“Estamos alarmados por la aprobación del nuevo Código Penal de Cuba, que criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes en la isla al prohibir el financiamiento extranjero y pone en grave riesgo su existencia y sostenibilidad”, declaró Ana Cristina Núñez, directora general de América Latina y el Caribe del CPJ, en un comunicado.

“Con el nuevo Código Penal, las autoridades cubanas continúan construyendo un intrincado y perverso régimen legal de censura y asestan un golpe devastador a los periodistas y medios independientes”, agregó Núñez.

La legislación prohíbe a los ciudadanos cubanos recibir fondos extranjeros y podría usarse para silenciar a los medios y periodistas independientes que dependen de este tipo de financiamiento para operar, como documentó el CPJ en un informe.

El régimen puede ahora condenar a quienes accedan a fondos independientes y de entidades extranjeras a penas de entre cuatro y diez años de prisión.