Washington extiende prohibicón de entrada a la cúpula de Meliá

La decisión se ampara en el título IV de la ley Helms-Burton. Los ejecutivos de Meliá no aceptaron las condiciones impuestas por Washington para no aplicar la sanción
Sede de Meliá Hotels
 

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Los directivos de Meliá Hotels no podrán entrar a Estados Unidos. La Secretaría de Estado vetó a 14 altos ejecutivos de esa empresa por sus negocios con Cuba, mediante cartas enviados a cada uno de ellos y la empresa hotelera desde ayer.

La prohibición se ampara en el Título IV de la ley Helms-Burton, que siempre ha estado en vigor pero nunca se había aplicado hasta ahora. Este apartado permite a EEUU expulsar del país o impedir la entrada a “extranjeros que hayan confiscado bienes de nacionales estadounidenses o traficado con dichos bienes”, según reza el texto oficial.

Esta prohibición es extensible también a los familiares más cercanos, como el cónyuge o los hijos menores de edad. Las cartas están fechadas el pasado mes de octubre y en ellas Estados Unidos ofrecía a los afectados varias opciones para evitar el veto: renunciar a sus cargos en la compañía, a su posición accionarial o llegar a un acuerdo con los demandantes. La cúpula de Meliá se negó a cumplir con ninguna de las tres.

Gabriel Escarrer, uno de los vetados, es el presidente de la empresa

Gabriel Escarrer, uno de los vetados, es el presidente de la empresa


El gobierno español no se ha pronunciado aún, excepto una mención de soslayo hecha por la cancillería ibérica de que “se están estudiando opciones”. Cabe esperar alguna reacción. Durante el anterior mandado de Pedro Sánchez, la ministra de Industria Reyes Maroto aseguró que defendería los intereses de las empresas españolas en este conflicto.

Según el sitio Vozpópuli, ya se han celebrado varias reuniones entre el sector empresarial con miembros de Exteriores, Justicia y Comercio para estudiar este asunto.

Meliá podría demandar al gobierno español si no intercede ante Washington, de acuerdo con las leyes empresariales vigentes en el país europeo, específicamente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Todo el embrollo comenzó el verano de 2019, cuando la administración Trump puso en vigor el Título III de la ley Helms-Burton, tras más de 20 años en suspenso, que permite demandar a empresas que operen en Cuba con activos confiscados luego de 1959.

Una lista muy larga de entidades francesas, españolas y de otros países comenzaron a recibir demandas. Entre ellas está Meliá Hotels. A partir de aquí, Estados Unidos podía recurrir al Título IV ya mencionado.

Cuba es un mercado clave para el grupo. En sus últimas cuentas publicadas hasta septiembre de 2019, Meliá cuenta con 35 hoteles en Cuba, más de 14 mil habitaciones, y otras cuatro aperturas previstas para este año, su mayor apuesta después de España, donde hay 143 alojamientos operando bajo su marca.