La empresa operadora de McDonald's en Perú fue hallada responsable de haber cometido "muy graves infracciones" en seguridad y salud en el trabajo que ocasionaron la muerte de dos jóvenes trabajadores la madrugada del 15 de diciembre pasado, por lo que deberá pagar una multa de 256.000 dólares.
Así lo anunció la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), tras una investigación sobre las causas de la muerte de los jóvenes trabajadores Carlos Campos y Alexandra Porras, de 19 y 18 años respectivamente.
Los empleados murieron tras sufrir una descarga eléctrica cuando realizaban tareas de limpieza en uno de los locales de la cadena.
Entre las infracciones listadas figuran que la empresa no realizó evaluaciones de riesgo y controles periódicos de las condiciones de trabajo del personal a su cargo.
Tampoco cumplió con brindar información y capacitación a sus trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) ni les advirtió de los riesgos en sus puestos de trabajo.
Asimismo, el reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo no contenía estándares de seguridad para la limpieza de las áreas; tampoco se acreditó la entrega ni supervisión del uso de los Equipos de Protección Personal (EPP).
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La compañía, según la investigación, no brindó las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo ni en las instalaciones ni en la maquinaria empleada, específicamente en la máquina dispensadora de bebidas gaseosas.
La Sunafil determinó además que la empresa no realizó supervisión efectiva de las condiciones de SST, ya que pese a que conocía los desperfectos de la máquina que transmitió una potente descarga eléctrica, no tomó acción al respecto.
La empresa incurrió además en "una infracción grave" al no comunicar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) de la muerte de sus trabajadores en el plazo de 24 horas que establece la ley.
La Sunafil también señaló que ante "los graves hechos y debido a la acumulación de infracciones muy graves y graves", el equipo inspectivo de Sunafil ha propuesto aplicar una multa de 845.670 (unos 256.000 dólares).
El superintendente de Sunafil, José Carlos Requejo, señaló en conferencia de prensa que "la aplicación de la sanción es algo complementario a la investigación", y que lo que se ha querido sobre todo esclarecer con la pericia es "lo que realmente pasó".
La abogada de la familia de Alexandra Porras, Elizabeth Carmona, aseveró que están a la espera de que finalicen otras pruebas de peritaje para solicitar que la Fiscalía amplíe la denuncia contra la empresa y sus representantes legales por el delito de exposición de personas al peligro, homicidio calificado, entre otros.
