El expresidente argentino Mauricio Macri, quien se encuentra en Miami, está siendo investigado en una causa judicial por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan.
El expresidente deberá acudir a rendir indagatoria el 7 de octubre. Adicionalmente, se le prohíbe salir de su país, según fuentes judiciales de la Argentina referidas la mañana de este viernes por Infobae.
El submarino Ara San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 en aguas del mar argentino. A bordo se encontraban 44 tripulantes. La nave fue encontrada un año y dos días después de darla por desaparecida. La encontró una empresa privada, muy cerca del punto de desaparición y en el lugar donde se suponía que se encontraba, a 907 m de profundidad. Toda la tripulación estaba muerta.
La causa judicial se abrió para investigar si desde el gobierno de Mauricio Macri se buscó controlar, desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre fines de 2017 y diciembre de 2018, los movimientos de los familiares de las víctimas del submarino.
La denuncia la llevó adelante la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, quien expuso que hubo espías para anticipar cuáles serían los reclamos que iban a presentar las familias de las víctimas ante el presidente Macri.
Según el juez que profirió la resolución, “el entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, se reunió por primera vez con las y los familiares de los tripulantes del ARA San Juan el 20 de noviembre del 2017; es decir, a solo cinco días de la desaparición del submarino 64”.
Y, según la resolución judicial, fue a partir de ese encuentro que comenzó “el espionaje ejercido contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan (toda vez que el primer documento referido a este tema del que tenemos constancia data del diciembre del 2017). De una u otra manera la responsabilidad de los entonces directivos de la AFI en esta cuestión resulta ser evidente”.
El documento expedido por el juez que requiere a Macri, señaló: “se le imputa desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.
En consecuencia, “a partir del análisis de la información que se le remitía, el imputado (Macri) impartió las directivas generales para el desarrollo de las conductas antes descriptas y para ello, destinó recursos económicos, técnicos, tecnológicos, humanos y logísticos para llevar adelante las tareas ilícitas”, se extrae del texto citado.
Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes fallecidos, dijo que el expresidente “No iba a poder zafar porque los papeles que presentaron, que están en el expediente, que entregaron los espías, están dirigidos personalmente a él, no puede alegar desconocimiento”, opinó.
Los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a quienes se dictaron embargos por 20 millones de pesos, también están siendo procesados, así como un grupo de funcionarios y agentes están siendo indagados.
Otras causas abiertas investigan posibles actos de espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri. Serían actos de espionaje dirigidos contra políticos oficialistas y opositores, jueces, gremialistas y periodistas. Asimismo, seguimientos en el marco de elecciones, protestas sociales, reportes sobre Santiago Maldonado o el caso de los familiares del Ara San Juan.
