El rey Juan Carlos I se va de España para quitar presión a su hijo, Felipe VI, por los rumores de amoríos, gastos exorbitantes y otras conductas que, a ojos del español promedio, manchan esa institución vista por algunos como una costosa excentricidad y, por otros, como una afrenta al sentimiento republicano.
La intención de Juan Carlos I es la de alojarse en una residencia en el complejo Casa de Campo, en La Romana, durante unas semanas. Su estancia tendrá carácter temporal. Los Fanjul, una conocida familia muy adinerada de Latinoamérica, de origen cubano, actuarán de anfitriones durante la estancia del padre del Rey en la República Dominicana.
El anterior jefe de Estado detalló en su carta que se trasladaba fuera de España “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada”. No aclaraba en la carta cuál sería su destino o qué hará, tan solo que permanecerá a disposición de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asume que el rey emérito Juan Carlos I está a disposición de la Justicia y que responderá ante ella si fuera el caso, aunque dice que no conoce su paradero.
Sánchez declaró en rueda de prensa “el Gobierno respeta la decisión de Casa Real” —se cuidó de no apoyarla expresamente y de no referirse a la decisión de Juan Carlos I, sino a la de la Casa Real, es decir Felipe VI— “por cuanto hay detrás, en el sentido de distanciarse de supuestas conductas cuestionables o reprobables por parte un miembro de la casa real”.
En segundo lugar, Sánchez subrayó que “en este país ha habido casos de corrupción que han afectado a partidos y agentes sociales, y no se ha cuestionado la pertinencia de los partidos o los agentes sociales. Lo que se juzga no son instituciones sino a personas, y don Juan Carlos ha dicho estar a disposición de la justicia”.
Y finalmente, ratificó el compromiso del Gobierno con el “pacto constitucional”, que recordó, “es la monarquía parlamentaria”. A preguntas de los periodistas, dio a entender que desconoce el paradero del monarca emérito, así como si está cubierto por seguridad pública, dado que carece de asignación.
En todo momento, Sánchez evitó pronunciarse sobre la gestación de esta operación apelando a la “confidencialidad” de sus relaciones con el rey Felipe VI: “Los asuntos de los despachos entre jefe de estado y presidente son discretos y confidenciales”.
Tampoco quiso pronunciarse sobre el enfado de sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, ratificó su compromiso con la hoja de ruta del pacto de coalición y señaló que es lógica que las distintas posiciones de los socios entran en la lógica de la coalición.
