El Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó este 6 de agosto la restricción de visas a 50 personas nicaragüenses vinculadas con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los ciudadanos que ahora tendrán prohibido el ingreso a Estados Unidos son familiares directos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua y fiscales y jueces de ese país.
El portavoz del Departamento de Estado Ned Price aseguró en el comunicado que “Estados Unidos tiene el compromiso de promover una rendición de cuentas amplia de quienes sean responsables o se beneficien de los ataques del régimen de Ortega-Murillo a las instituciones democráticas”.
Expone el documento la relatoría de los detenidos por el régimen Ortega-Murrillo; unos 32 opositores y otros disidentes, no necesariamente políticos, que abogan por la democracia de Nicaragua.
Entre los apresados se sitúan “siete candidatos a la presidencia, una candidata a la vicepresidencia, activistas estudiantiles, líderes del sector privado, abogados defensores y otras personas”, declaró Price.
El 12 de julio del mes anterior, un día después de las manifestaciones antigubernamentales ocurridas en Cuba, otro de los regímenes de la región, el Secretario de Estado informó de otras sanciones a las visas de 100 legisladores, jueces, fiscales y sus parientes más cercanos.
De tal forma que esta prohibición se aplique a aquellos nicaragüenses asociados a la represión del pueblo y que apoyen políticas antidemocráticas.
En junio último ya la Administración de Joe Biden preparaba un aumento de estas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y sus allegados a través de la nueva Ley Renacer aprobada en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, con el fin de “abordar la corrupción” en Nicaragua.
Mientras que continúa la ola represiva de Ortega y su detención de líderes opositores, activistas, periodistas y banqueros, Estados Unidos aprobará nuevas sanciones.
“Se espera que ya que se aprobó en esta Comisión, va para el Senado, luego al Congreso y por último Joe Biden firmaría, y la Ley Renacer sería un hecho para Nicaragua, que es aumentar la capacidad y magnitud hacia la dictadura Ortega”, dijo Jean Carlos López, líder estudiantil.
Arianna Moraga, de la alianza cívica, anunció: “Estamos viendo los resultados de una jornada de trabajo por conseguir ejercer presión al régimen de Ortega que ha venido agudizando la represión en Nicaragua”.
Esta nueva Ley responsabiliza a Ortega y sus allegados por destruir la democracia en Nicaragua y permite coordinar sanciones entre los gobiernos de Canadá y la Unión Europea; así como también, investigar los bienes del ejército nicaragüense en Estados Unidos.
