Una resolución dividida de la Corte Suprema de EE. UU., emitida este lunes, permitió que la administración de Trump pusiera en marcha nuevas reglas que podrían poner en peligro el estatus de residente permanente de los inmigrantes que utilizan cupones de alimentos, Medicaid y vales de vivienda.
La agencia AP dijo que bajo la nueva política, los funcionarios de inmigración pueden negar la green card o tarjeta de residente a los inmigrantes legales por su uso de los beneficios públicos.
La orden de los jueces se emitió por un voto de 5 a 4 y revocó un fallo de la Corte de Apelaciones del 2º Circuito de los Estados Unidos en Nueva York que había mantenido en vigor la política a nivel nacional después de las demandas en su contra, añadió el reporte de la agencia.
Los cuatro jueces liberales de la corte, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, votaron para evitar que la política entrara en vigor, detalló la AP.
Los tribunales federales de apelación de San Francisco y Richmond, Virginia, habían anulado anteriormente los fallos de los tribunales de primera instancia en contra de las reglas. Un mandato judicial en Illinois sigue en vigor, pero se aplica sólo a ese estado.
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Las demandas continuarán, pero los inmigrantes que soliciten la residencia permanente deben demostrar ahora que no representan una carga para el país, en términos del gasto público.
La nueva política amplía significativamente los factores que se considerarían para tomar esa determinación, y si se decide que los inmigrantes podrían convertirse potencialmente en cargas públicas más tarde, esa residencia legal podría ser denegada.
Bajo las antiguas reglas, las personas que usaban beneficios no monetarios, incluyendo cupones de alimentos y Medicaid, no eran consideradas cargas públicas.
"La regla de las cargas públicas es el último ataque en la guerra de la administración Trump contra los inmigrantes", dijo Stephen Yale-Loehr, un experto en inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell.
"Hace que sea más difícil para la gente de la clase trabajadora inmigrar o permanecer en los Estados Unidos". Esta regla es otro ladrillo en la pared invisible que esta administración está construyendo para frenar la inmigración legal", añadió Yale-Loehr, citado por la AP.
Alrededor de 544.000 personas solicitan tarjetas de residencia anualmente. Según el gobierno, 382.000 están en categorías que las harían sujetas a la nueva revisión, detalló el informe.
Los inmigrantes constituyen una pequeña porción de los que reciben beneficios públicos, ya que muchos no son elegibles para recibirlos debido a su estatus migratorio.
