Guatemala, 10 sep (ADN CUBA).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala aceptó el argumento planteado por el presidente de la nación de revocar un amparo que mantenía en suspenso un acuerdo migratorio suscrito con los Estados Unidos, para que hondureños y salvadoreños solicitaran asilo en Guatemala y no el país norteamericano.
Con el fallo del máximo tribunal de justicia, a favor del expresidente Jimmy Morales, que recién ha finalizado su mandado, el pacto no tiene ya impedimentos legales para entrar en vigor.
Sin embargo, aún se debate si para su entrada en vigencia debe ser aprobado previamente por el congreso guatemalteco.
El amparo provisional había sido otorgado el 14 de julio a cinco excancilleres, el procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas y el excandidato presidencial Manfredo Marroquín para frenar un acuerdo de tercer país seguro, con Estados Unidos, informó hoy el matutino local El Periódico.
Estados Unidos y Guatemala firmaron el pasado 26 de julio un convenio de cooperación de asilo que obliga a los migrantes que atraviesan el país centroamericano, según el Gobierno estadounidense solo salvadoreños y hondureños, a pedir asilo en Guatemala en vez de en territorio estadounidense.
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El convenio fue desde el principio criticado duramente por organizaciones de derechos humanos y oenegés que trabajan en el tema migratorio, pues consideraron que Guatemala no tiene las condiciones mínimas para recibir a personas que buscan asilo en Estados Unidos.
Además, se dijo que Estados Unidos estaba obviando su responsabilidad de atender a las personas solicitantes de asilo, y descargarlas en países que no cuentan con la infraestructura ni la tradición de ser receptores de refugiados, según dijeron voceros de Amnistía Internacional a la agencia IPS Noticias.
Estados presionó y dobló el brazo a Guatemala para convertirse en un país tercer país seguro, como se llama a las naciones que brindan asilo o protección a personas que huyen de sus países de origen, y que han sido rechazados por otras naciones.
Ese recurso nació en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, vigente desde 1951.
En el comunicado, la Corte consideró que es el presidente quien "ostenta la facultad constitucional de dirigir la política y las relaciones internacionales", y que debido a los "alcances y obligaciones" que asumirá el Estado de Guatemala tras su firma se debe seguir "la ruta legal establecida" en la Constitución.
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Sin embargo, aún está por verse qué pasará con el acuerdo, suscrito por un presidente que ya terminó su periodo, y asumido por otro que se ha mostrado en total desacuerdo con el convenio.
El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha afirmado que no comparte la idea de “ser un país seguro”, según dijo en agosto pasado a la Voz de América.
