El decreto del nuevo Gobierno de Bolivia "que promueve impunidad para personal de las Fuerzas Armadas" debe ser derogado inmediatamente, y la presidenta Jeanine Áñez debe detener las violaciones a los derechos humanos "o atenerse a rendir cuentas", sostuvo este lunes Amnistía Internacional (AI).
"La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo", declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Añadió que "los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las fuerzas militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos".
AI señaló en un boletín que el Decreto 4078 del 14 de noviembre, que no ha sido publicado aún en la Gaceta Oficial del Estado, exime de responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos de restablecimiento del orden interno y estabilidad pública cuando sus miembros "actúen en legítima defensa o estado de necesidad".
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La organización expresó su preocupación por este decreto "que permite que las posibles violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional cometidos por integrantes de las fuerzas armadas queden en la impunidad".
"La altísima tensión social no puede ser una excusa para que las fuerzas de seguridad actúen contrariamente a los estándares internacionales de derechos humanos, ni para fomentar una ola de odio y discriminación racial que ha emergido con fuerza en los últimos días", advirtió Guevara Rosas.
Añadió que Jeanine Áñez, "quien se proclamara presidenta interina, tiene la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, o atenerse a rendir cuentas ante mecanismos nacionales e internacionales".
Refirió que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde los comicios del 20 de octubre al menos 23 personas han muerto y 715 resultado heridas, por lo que llamó a las autoridades a investigar "de manera pronta, exhaustiva e imparcial, estas muertes, al igual que las denuncias de violaciones a derechos humanos por fuerzas de seguridad y actos de violencia por particulares".
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Por su parte, el expresidente Evo Morales, asilado en México, denunció que las nuevas autoridades "en lugar de pacificación, ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado".
Aseguró que el expresidente Carlos Mesa, "cómplice del golpe junto a (el líder cívico Luis Fernando) Camacho, intenta culparnos por las 24 muertes causadas por su 'presidenta' autonombrada".
"El coautor del golpe que atentó contra nuestra vida, miente y dice que dejé vacante la presidencia. El asilo por político no es incompatible con el ejercicio del cargo. Mesa, Camacho y Áñez tienen miedo de que vuelva para pacificar el país porque quieren escarmentar al pueblo", acotó.
Morales está desde el 12 de noviembre en México en condición de asilado tras renunciar a la Presidencia de Bolivia el domingo 10 de noviembre, el mismo día que la Organización de Estados Americanos dio a conocer una auditoría en la que reveló "graves irregularidades" en las elecciones del 20 de octubre.
