El régimen venezolano denunció este jueves que la Organización de Estados Americanos (OEA) pretende "interferir de manera tendenciosa, extorsiva e inaceptable" en "el funcionamiento independiente" de la Corte Penal Internacional (CPI).
A través de un comunicado de la Cancillería, el Ejecutivo criticó un informe de la OEA publicado este miércoles y que, según el régimen venezolano, fue elaborado "sin ningún tipo de constatación sobre el terreno y a partir de fuentes secundarias que no configuran evidencias de los supuestos hechos denunciados".
Dicho informe, presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el asesor especial sobre la responsabilidad de proteger de la OEA, Jared Genser, "reafirma que existe una base razonable para concluir que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014",
Además, "condena a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos crímenes", según recoge un comunicado de la OEA.
Almagro volvió a pronunciarse este jueves en Twitter donde subrayó la necesidad de "una Corte Penal Internacional fuerte que asuma responsabilidades y que no deje espacio para que los dictadores sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad", si bien no mencionó de forma directa a Venezuela.
EL GOBIERNO TACHA DE "INFAME" EL INFORME
Ante esta situación, el régimen venezolano replicó en su comunicado con un "categórico rechazo al infame informe" que, consideran, tiene como objetivo "cuestionar el trabajo de la CPI, sobre la base de difamaciones sin sustento en materia de derechos humanos en Venezuela".
El Ejecutivo también critica a Almagro, de quien dice que "no pierde oportunidad para mostrar su desprecio por los derechos humanos y aplicar un descarado doble rasero selectivo, con fines meramente intervencionistas".
En su opinión, la OEA desconoce la personalidad jurídica de la CPI, sus funciones y atribuciones.
"Olvidan Luis Almagro y sus secuaces que los miembros de la Fiscalía de la CPI no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a ese cuerpo", agrega el comunicado.
Por eso, creen que el informe carece de “toda base jurídica en relación a la situación de los derechos humanos en Venezuela, constituye una evidente operación de propaganda contra las instituciones venezolanas y sus autoridades".
Finalmente, el régimen venezolano "recuerda que la OEA y su secretaría general no poseen competencias jurisdiccionales para erigirse como un tribunal internacional de derechos humanos ni para recabar informaciones que induzcan a determinar responsabilidades penales internacionales".
LA CPI EXAMINA EL CASO DESDE 2018
La Fiscalía de la CPI, cuya sede se encuentra en La Haya, abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela, un paso previo a una eventual investigación, por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en manifestaciones ocurridas desde abril de 2017, como en cárceles donde pudieron haber sido maltratados presos opositores al régimen del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
En la actual fase del examen preliminar, se le pide información a las autoridades venezolanas para determinar si sus propias indagaciones y procesos judiciales sobre dichos delitos son fidedignos.
La CPI es una instancia de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana demuestra llevar a cabo auténticas pesquisas sobre los supuestos abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad.
