El procurador general de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza, denunció este jueves que las sanciones que ha aplicado Estados Unidos contra su país han imposibilitado la defensa del Estado venezolano ante los juicios que enfrenta por activos en el exterior y dijo que han ocasionado un daño "inmenso".
Durante una intervención en el Parlamento, controlado por chavismo, indicó que las sanciones han ocasionado efectos "nocivos" en el ámbito jurídico, entre ellos, "la imposibilidad de la actuación internacional de la Procuraduría General de la República y la defensa de sus entidades".
En ese sentido, dijo que al país también ha enfrentado una imposibilidad de realizar pagos de gastos y honorarios de defensa y un "sistema hipócrita de obtención de licencias".
"Algunas firmas solicitan licencias de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) para trabajar con Venezuela, las cuales, ni siquiera son tramitadas como fórmula de garantía de que ni Venezuela ni sus entidades puedan defenderse", añadió.
Asimismo, señaló que las sanciones en su contra, también le han pedido desplazarse "libremente" para asistir a las audiencias en el exterior de las que su país es parte, y criticó que Estados Unidos apoye al exjefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como represente "legítimo" de Venezuela.
"Incluso se ha entorpecido la representación legítima de Venezuela ante organismos multilaterales (...) organismos donde, si bien actuamos plenamente, estos grupos de abogados -de Guaidó- han presentando escritos tratando de obstaculizar el desenvolvimiento de estos procesos", sostuvo.
Muñoz presentó esta denuncia al presentar su informe de gestión tras seis años designado en el cargo que le fue ratificado tras una solicitud del presidente Nicolás Maduro al Parlamento.
Según Muñoz, durante su gestión ha logrado ahorrar "al país más de 100 mil millones de dólares en reclamaciones y litigios".
Lea también
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó este martes una licencia que exime algunas sanciones impuestas a Venezuela, que permite a empresas estadounidenses interactuar con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) en “algunas transacciones necesarias para las operaciones ordinarias de puertos y aeropuertos”.
Esta sería la primera medida que tomó el presidente Joe Biden con respecto a Venezuela, permitir a las empresas contactos con puertos y aeropuertos del régimen de Maduro después de que Donald Trump los hubiera prohibido en agosto de 2019.
La OFAC autorizó las transacciones con puertos y aeropuertos de Venezuela excepto para “cualquier actividad relacionada con la exportación o reexportación de diluyentes, directamente o no, a Venezuela”. Esos diluyentes, empleados para refinar el crudo, escasean en Venezuela debido a las sanciones, reseñó ABC.
(Con información de EFE)
