Un grupo de congresistas en Estados Unidos promueve un proyecto que ley que prohíbe a las agencias del Gobierno otorgar contratos a personas o empresas que tengan negocios con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el senador republicano Marco Rubio.
La iniciativa, bautizada "Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo Venezolano" (Bolívar, en inglés), fue presentada por los senadores republicanos Rick Scott y Thom Tillis, así como por la demócrata Jacky Rosen, señaló Rubio, también promotor de la ley, en un comunicado.
En 2017, el Departamento del Tesoro ya impuso sanciones contra Maduro por las que congeló todos los bienes que pudiese tener en EE.UU. y también prohibía a personas e instituciones estadounidenses eventuales transacciones con el líder venezolano.
Además Washington ofreció en marzo de 2020 una recompensa de 15 millones de dólares por su captura bajo cargos de narcoterrorismo.
El congresista republicano Michael Waltz puso el proyecto de ley a consideración de la Cámara de Representantes, el pasado 28 de enero, agregó la nota, donde otra quincena de representantes de los dos partidos respaldan la iniciativa.
"Debemos asegurarnos de que las agencias federales de EE.UU. no le otorguen contratos gubernamentales a ninguna empresa vinculada al régimen de Maduro”, dijo Rubio, el republicano de más alto rango en el subcomité sobre hemisferio occidental, crimen transnacional, seguridad civil, democracia, derechos humanos y asuntos globales de la mujer.
“En medio de la crisis provocada por el narco-dictador Nicolás Maduro y sus secuaces, debemos asegurarnos que las agencias federales de Estados Unidos no le otorguen contratos gubernamentales a ninguna empresa vinculada al régimen de Maduro”, agregó al respecto el cubanoamericano.
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Scott, por su parte, defendió que "ni un centavo de los contribuyentes estadounidenses puede utilizarse para apoyar a este régimen".
La prohibición no tendría carácter retroactivo y "sólo se aplicaría a los contratos realizados durante o después de la promulgación del proyecto de ley", indicó la nota.
La norma no afectaría ningún negocio con la anterior Asamblea Nacional, cuyo líder Juan Guaidó, es reconocido por la Casa Blanca como presidente interino de Venezuela.
Además, la propuesta contempla "las excepciones necesarias para prestar ayuda humanitaria y asistencia en casos de desastres, y para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros pueda emitir una licencia válida para hacer negocios en Venezuela".
Y concede al secretario de Estado la facultad de "concluir la restricción cuando sea de interés nacional para los Estados Unidos".
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En 2019, el entonces gobernante estadounidense Donald Trump, lideró un grupo de más de 50 países que reconoció el Gobierno interino que Guaidó proclamó a finales de enero de 2019.
Trump, cuyo mandato concluyó el pasado 20 de enero, dirigió desde la Casa Blanca una estrategia de mano dura hacia la Administración de Caracas, que se tradujo en sanciones contra empresas o funcionarios, allegados y familiares de los integrantes del Gobierno de Maduro, que rompió relaciones diplomáticas con Washington.
El pasado 3 de febrero, la Administración del presidente demócrata Joe Biden, anticipó que no espera establecer contacto directo con Maduro en "el corto plazo", e indicó que sigue reconociendo a Guaidó como su interlocutor.
Además de las sanciones impuestas a los cabecillas del régimen y las empresas vinculadas, Estados Unidos concedió a principios de marzo el Estatus de Protección Temporal a los venezolanos (TPS, en inglés) lo que les permitirá residir y trabajar legalmente en el país norteamericano.
La medida alcanza a unos 320.000 nacionales y tendrá una vigencia de 18 meses, aunque podría prorrogarse. Se benefician aquellos venezolanos que ya se encontraban en Estados Unidos el día de su anuncio.
(Con información de EFE)
