Tortura, cárcel o defenestración: el destino de los que dejan de ser útiles al régimen venezolano
Cerca de Nicolás Maduro, no están a salvo ni los militares ni ex ministros: cualquiera puede ser detenido, por muy alto en el gobierno que haya estado, si dejan de ser útiles al régimen. Algunos pagaron las sospechas con su vida
Nicolás Maduro acompañado de funcionarios de las Fuerzas Armadas
 

Cerca del autócrata Nicolás Maduro, no están a salvo ni los militares ni ex ministros: cualquiera puede ser detenido, por muy alto en el gobierno que haya estado, si dejan de ser útiles al régimen.

Recientemente, se conoció que un tribunal especial “con Competencia en Terrorismo” mandó a apresar a varios militares y civiles en Venezuela, entre ellos a Leonardo D. Chirinos Parra, un funcionario activo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el estado Zulia, hermano de Leandro L. Chirinos Parra, uno de los detenidos por la Operación Gedeón.

Carmen Parra, madre de los hermanos Chirinos Parra, el 6 de mayo apareció en un video diciendo que el 21 de abril su hijo Leonardo David fue llevado a la DGCIM central en Caracas. Nueve días después él le hace una videollamada, donde asegura que lo estaban torturando para que revelara el número de teléfono de su hermano, sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Leandro Leomar.

La madre pensó, y así lo declaró a un medio de televisión, que su hijo Leonardo David fue asesinado por DGCIM, pero horas después fue presentado ante el Tribunal por los delitos de traición a la patria, rebelión y conspiración con gobierno extranjero.

Según la periodista Sebastiana Barráez, “ese es un caso revelador de lo que ocurre con la revolución bolivariana, un trapiche que va exprimiendo y aniquilando a quienes disienten o polemizan con los sectores de poder establecido. Ni siquiera los funcionarios de la tenebrosa DGCIM están a salvo”.

Barráez, en un reporte para Infobae, desde Caracas, afirma que sucede similar con integrantes otras ramas militares como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y los de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

No ha escapado ni siquiera un Almirante en Jefe o General en Jefe, el mayor grado militar de Venezuela, como lo fue Raúl Isaías Baduel, clave en el regreso de Hugo Chávez al poder luego del golpe del 11 de abril 2002. Baduel hoy lleva casi 10 años preso, en prisiones como la cárcel de alta seguridad en Fuerte Tiuna. A veces lo mantienen incomunicado, largo tiempo sin que se le permita las visitas familiares o de abogados.


Otro tanto sucede con el Mayor General del ejército Miguel Rodríguez Torres, el “arquitecto” del Sebin, un hombre que ayudó a construir la revolución chavista desde el alzamiento de febrero de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Rodríguez ha sido una pieza angular del régimen, al punto que se convirtió en ministro del Interior y Justicia e hizo quizás uno de las mayores contribuciones a la permanencia de Maduro en el poder, cuando enfrentó las manifestaciones (“guarimbas”) del 2014.

Pero en 2018 le llegó su hora, y desde marzo de ese año fue preso e imputado de Traición a la Patria e Instigación a la Rebelión. Su destino actual es la cárcel de alta seguridad de Fuerte Tiuna. Según la nota de Infobae, el expoderoso jerarca chavista tiene graves problema de salud, sus familiares lo visitan y solo pueden conversar a través de un vidrio, mediante el teléfono.

Por si fuera poco, en esta historia de defenestración hay que hablar del Mayor General (Ej) Hugo Carvajal Barrios, “El Pollo”, quien fuera la mano derecha de Chávez en la inteligencia militar. Pero su relación con Maduro no fue la misma que con el fundador jefe de la “revolución bolivariana”. Aunque fue diputado a la Asamblea Nacional, gracias al respaldo de Diosdado Cabello, hoy se mantiene en el ostracismo: Estados Unidos lo reclama para juzgarlo, y sus antiguos “camaradas” que no han dudado en despreciar su historia chavista, lo tildan de narcotraficante.


También los funcionarios civiles

El relato de los caídos del poder venezolano también tiene personajes más allá de las intrigas militares. El químico Nelson Martínez fue presidente de la empresa venezolana Citgo en Estados Unidos, luego de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y por último Ministro de Petróleo. Pero en noviembre del 2017 fue detenido y recluido en los sótanos de la DGCIM.

Allí permaneció poco más de un año. Según el reporte de Infobae, Martínez estaba enfermo, con afectaciones “por una válvula coronaria que estaba vencida”, pero no le dieron asistencia médica. La fiebre y la sepsis acabaron con su vida.

Parece que el Ministerio del Petróleo es mal puesto si no estableces empatía con Maduro. Otro ministro, el ingeniero geofísico Eulogio Del Pino, quien también fue presidente de Pdvsa, cayó preso en septiembre del 2017, sin que el país haya sabido por qué razón. Luego de un proceso irregular fue recluido en los sótanos de la Dgcim hasta hace unas semanas cuando lo enviaron a prisión domiciliaria.

Casos similares a estos se encuentran en diputados, gobernadores, ministros y concejales que han sido detenidos, muertos u obligados al exilio.

Desde Venezuela, Sebastiana Barráez asegura que “con el caso de las conspiraciones han ocurrido hechos atroces”, a diferencia del “respeto a los derechos humanos y debido proceso de los que gozaron Hugo Chávez” y quienes los secundaron en los alzamientos militares de 1992. En las purgas de Nicolás Maduro a los descubiertos en planes opositores, o simplemente a quienes levante sospechas, “se les aplican tratos crueles”: torturas de civiles y militares en el Sebin y la Dgcim así lo demuestran. También les espera la manipulación en la administración de justicia militar o en los tribunales de terrorismo.

Todavía se recuerda en Venezuela la muerte del capitán de corbeta Acosta Arévalo, quien falleció luego de ser brutalmente torturado y llevado ante el tribunal, con signos evidentes de maltratos. O la sospechosa muerte del concejal opositor Fernando Albán, quien cayó sobre el pavimento desde el piso 10 del Sebin, mientras estaba detenido.