Este domingo primero de diciembre en Venezuela la oposición sufrió un golpe: seis diputados fueron señalados por recibir dinero de Alex Saab y Alvaro Pulido, ambos sancionados por el Departamento del Tesoro por sus negocios con el chavismo, con el fin de limpiarles el nombre en instituciones.
El día que da inicio a la navidad, en Venezuela explotó una bomba. En horas de la madrugada el medio especializado Armando.Info publicó un reportaje, en el cual reveló la conexión entre un grupo de seis diputados opositores con empresarios que mantienen negocios con el chavismo, y que han sido acusado de formar parte de la trama de corrupción que se genera con los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). A la trama se le denominó: “Operación Maletín Verde”.
El trabajo de investigación indica que integrantes de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) hicieron labores de buscar indulgencias para el empresario Carlos Lizcano, un hombre que trabaja para los colombianos Álex Saab y Álvaro Pulido, quienes son propietarios de la empresa Salva Foods, compañía que maneja Tiendas CLAP. Ambos han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otros entes de diversos países.
La llamada “Operación Maletín Verde”, de acuerdo con Armando.info, había estado impulsada principalmente por el diputado Luis Eduardo Parra Rivero, miembro del partido opositor venezolano Primero Justicia, quien fue elegido por electores del estado Yaracuy y que, actualmente, se desempeña como presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la cámara venezolana.
Parra promovió la creación de un grupo de diputados que tenían como fin buscar los mecanismos de suspender los expedientes de los empresarios colombianos y que además les fueran suspendidas las sanciones impuestas. Parra, según el trabajo periodístico, logró comprar la conciencia de los diputados Adolfo Superlano, José Brito y Conrado Pérez Linares, miembros de Primero Justicia; Richard Arteaga y Guillermo Luces, militantes de Voluntad Popular; y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, partidarios de Un Nuevo Tiempo. Todos firmaron una carta que le fue entregada a la Fiscalía General de Colombia con el fin de eximir a Carlos Lizano y su empresa Salva Foods de cualquier nexo con Álex Saab.
Los diputados también enviaron una comunicación al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ente que sancionó a Saab y a Pulido, con la intención de evitar que su nombre figure en futuras medidas sancionatorias contra empresarios ligados con el chavismo.
Las reacciones
Antes de que saliera el tan anunciado reportaje de investigación, del que ya se había filtrado el dato que involucraba a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana, Freddy Superlano, quien la presidía, publicó en la medianoche del sábado 31 de noviembre, a través de su cuenta en la red social Twitter, una carta dirigida al presidente encargado Juan Guaidó, donde le informaba su renuncia al cargo. El legislador indicó que el motivo era: no poder ejercer a cabalidad la responsabilidad ante su exilio.
Después de publicada la investigación, los partidos opositores Primero Justicia y Voluntad Popular desincorporaron a los diputados señalados en la trama de corrupción y solicitaron una investigación a la Comisión Permanente de Contraloría. Por otra parte, la Dirección Ejecutiva Federal de Un Nuevo Tiempo también hizo pública su posición: “UNT rechaza cualquier tipo de actuación basada en la corrupción y la violación de los derechos humanos, cómo es el caso de la mafia en el sistema de alimentación encabezada por Alex Saab”.
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El presidente encargado Juan Guaidó había sido el primero en hablar. Una hora después de haber sido publicado el documento periodístico dijo a través de su cuenta de Twitter: “Todo el país debe conocer mi posición en torno a una serie de hechos de corrupción que involucra a varios miembros de la dictadura, algunas decepcionantes individualidades del Parlamento y claros intereses internacionales que financian este burdo plan”. Anunció que hablaría en horas de la tarde de este 1 de diciembre, pues el país estaba a media máquina respecto a la conexión a internet por la reparación de un cable subterráneo que afectaba, principalmente, a las compañías privadas que ofrecen el servicio.
En sus declaraciones a la prensa, Guaidó decidió despojar de sus funciones a los parlamentarios señalados para dar curso a una "investigación exhaustiva". Indicó que desde ese momento los diputados acusados estaban suspendidos “de todas sus responsabilidades en el Parlamento Nacional y adicionalmente haremos una investigación independiente y exhaustiva, con la participación de la sociedad civil, como las ONG y la prensa libre".
Respecto a las cartas que los legisladores llevaron a Colombia e hicieron llegar a los Estados Unidos, Guaidó señaló que no tenían validez. Además anuncio la intervención y reestructuración inmediata de la comisión de Contraloría de la Asamblea, mientras se desarrollan las investigaciones para comprobar responsabilidades.
