La Unión Europea (UE) materializó este viernes su decisión de sancionar a siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia de Venezuela por considerar que están implicados en "torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos", entre ellas la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.
La UE confirmó así el acuerdo político al que llegó el pasado miércoles para ampliar la lista de sancionados en relación con la crisis que atraviesa Venezuela.
Cuatro de los nuevos sancionados "están relacionados" con el fallecimiento de Acosta Arévalo cuando estaba detenido y bajo custodia del Gobierno de Nicolás Maduro, indicó el Consejo de la UE en un comunicado.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE. Además del embargo de armas, los europeos impusieron en 2018 una congelación de activos y prohibición de visados para 18 funcionarios.
Con estos, las sanciones impuestas por la UE a raíz de la crisis política y económica en Venezuela afectan a 25 personas.
“El impacto regional de la crisis no tiene precedentes, con graves riesgos para la estabilidad regional”, dijo la alta representante de Exteriores del bloque, Federica Mogherini.
La UE está lista para ampliar las sanciones para animar a una transición política y a la celebración de elecciones, agregó Mogherini, añadiendo que estas medidas podrían suavizarse si se registran avances.
En julio, el canciller español Josep Borrell pidió a la UE "sanciones" contra responsables de torturas en Venezuela, tras la muerte de Rafael Acosta, un militar venezolano, en un hospital por presuntas torturas durante su detención.
Borrell también destacó entonces el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que detalla, en su opinión, "la gravedad de las violaciones de los derechos humanos" en el país.
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Los europeos son blanco de las críticas de los opositores al gobierno de Venezuela por no aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, al nivel de Estados Unidos, que incluso congeló los activos venezolanos.
De visita en Bruselas, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, urgió a principios de mes a la UE a sancionar a más responsables venezolanos y criticó su estrategia.
Los embajadores europeos también deben dar su visto bueno el miércoles a la creación de un régimen de sanciones por la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.
A principios de septiembre, fuentes diplomáticas explicaron que, por el momento, no se incluirían personas en este marco de sanciones que busca presionar de cara a la continuación del diálogo nacional en el país centroamericano.
Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida del poder de Daniel Ortega y en la represión de los manifestantes.
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en Twitter que las "iniciativas en proceso en instituciones de la Unión Europea para aplicar sanciones contra #Venezuela y #Nicaragua son contrarias al Derecho Internacional, no contribuyen a los esfuerzos en curso que buscan la paz, la estabilidad y el verdadero beneficio de sus pueblos".
(Con información de EFE, AP y AFP)
