El ‘Observatorio de Derechos Humanos’ (Human Rights Watch) denunció que las fuerzas de seguridad del Estado venezolano han aprovechado las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus con el fin de generar violencia y reprimir a disidentes opositores.
A juicio de HRW, se ha creado un Estado policial con el objetivo de callar voces críticas contra el régimen de Maduro e intensificar el control sobre la población civil.
“El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
La organización de Derechos Humanos sentenció que desde que se declaró el Estado de excepción para combatir el covid-19 a mediados de marzo de 2020, las autoridades venezolanas han detenido en forma arbitraria y procesado penalmente a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y opositores políticos.
Rechazaron la implementación de la ley contra el odio y la catalogaron como absurda y excesivamente amplia, situación que ha puesto en riesgo los procesos de los detenidos.
Denunciaron que el Ministerio Público venezolano carece de independencia: “A los abogados de los acusados se les concede un acceso muy limitado a los expedientes judiciales y a los fiscales, debido al cierre de tribunales por el covid-19. Algunos detenidos han sufrido abusos físicos que podrían constituir torturas”.
En un comunicado, HRW también se refirió a la persecución y al derecho a la privacidad, carente en el país: “En la Venezuela de hoy no es posible siquiera compartir un mensaje privado vía WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal”, aseguró.
El 13 de marzo del presente año, Maduro decretó el estado de “excepción y alarma” en todo el país y dispuso medidas para limitar la propagación del covid-19, incluyendo restricciones a la circulación, la suspensión de algunas actividades y el uso obligatorio de mascarillas.
El decreto autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar “inspecciones” cuando las “estimen necesarias” si existe una “fundada sospecha” de que se están violando las disposiciones del decreto. Sin embargo, esto ha causado múltiples homicidios y detenciones, ya que las fuerzas de seguridad del Estado no necesitan orden judicial para ingresar a viviendas o negocios.
Maduro prorrogó el estado de excepción cinco veces, superando el límite constitucional de 60 días. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, no dio el visto bueno a las medidas, aunque la ley exige tal aprobación.
