La organización no gubernamental Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), hizo público el documento “Situación de las personas defensoras de los derechos humanos en Venezuela”, a través del cual se demuestra el recrudecimiento de las acciones represivas en contra de las organizaciones humanitarias en este país durante noviembre.
“Avanza la criminalización a la defensa de los derechos humanos y al trabajo humanitario como Política de Estado”, subrayaron.
La ONG advirtió que “las nuevas acciones tomadas durante el mes de noviembre por el Estado evidencian la institucionalización de la Doctrina de la Seguridad Nacional que sitúa a quienes defienden y exigen derechos humanos como ‘enemigos internos’ que deben ser neutralizados”.
En 16 páginas, el documento detalla las agresiones documentadas durante el mes pasado en Venezuela: se registraron “33 nuevos ataques e incidentes de seguridad” relacionados. Según precisó Infobae en un reporte sobre la denuncia de la ONG: “El 82 % de las víctimas de las agresiones fueron organizaciones de derechos humanos, mientras que el 18 % personas individuales que realizan tareas similares por cuenta propia”.
Ocurrieron también “19 fueron actos de estigmatización; cinco de intimidación y hostigamiento; cuatro amenazas; dos allanamientos; dos detenciones arbitrarias y un ataque digital”, precisó el CDJ.
La organización afirmó además que, del total de los ataques documentados durante el mes pasado, “27 estuvieron dirigidos hacia las organizaciones de derechos humanos” y “seis de los hechos fueron individualizados contra personas defensoras de derechos humanos”.
“(…) El derecho a defender derechos humanos de forma libre y sin represalias se ve amenazado por mayores restricciones y obstáculos, acciones que se suman a la precariedad de los servicios básicos y condiciones sociales que afectan y condicionan aún más el trabajo de los defensores y la plena operatividad de sus organizaciones”, refiere el documento.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) continúo alertando que los organismos e instituciones que el país deberían promover y apoyar los derechos humanos, en algunos casos se suman a los actores responsables de las agresiones y hacen silencio ante los ataque y la imperante “Política de Criminalización”.
“En un contexto cada día más adverso para la defensa de derechos humanos, el CDJ continúa acompañado, documentando y denunciando las agresiones contra los actores humanitarios, defensores de la salud, líderes sindicales, líderes sociales y organizaciones que realizan acciones de documentación, denuncia y difusión de las violaciones a derechos humanos y crímenes cometidos en Venezuela”, recalcó la ONG.
La organización instó “al Estado venezolano a cesar la Política de criminalización”. “Defender derechos y realizar acción humanitaria no es delito”, acotaron.
“Desde el CDJ reafirmamos nuestro compromiso por la aplicación efectiva la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos; conocida como la Declaración de Defensores, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998″, concluyeron.
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El documento de denuncia del CDJ fue publicado al día siguiente que Human Rights Watch también se pronunciara sobre las violaciones de DD.HH en Venezuela: “las autoridades venezolanas están acosando y procesando penalmente a las organizaciones de la sociedad civil que están realizando una labor esencial para hacer frente a la actual emergencia humanitaria en el país”.
La organización no gubernamental denunció el ataque del pasado 23 de noviembre contra Alimenta la Solidaridad, “cuando la Procuraduría General de la República emitió una orden de captura contra seis cooperantes de la organización benéfica que administra 239 comedores que proporcionan alimentos a 25.000 niños y entrega 1.500 comidas diarias gratuitas a los trabajadores de la salud que prestan asistencia durante la pandemia, y del grupo internacional Save the Childre”, publicó Infobae.
“Los cargos son lavado de dinero y pertenencia a una asociación ilícita. Los activistas no han tenido acceso al expediente penal en el caso contra ellos”, indicó el régimen de Nicolás Maduro sobre las entidades.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, manifestó: “Al bloquear el trabajo de las organizaciones de ayuda en medio de una emergencia humanitaria, con niños que pasan hambre y pacientes de Covid-19 que necesitan un tratamiento adecuado, las autoridades venezolanas están demostrando que se preocupan más por reprimir a su gente que por ayudarla”.
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