CIDH oye en Cúcuta, Colombia, primeros testimonios de violaciones a DDHH en Venezuela

Luego de que el Gobierno de Venezuela no le permitió la entrada al país a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la presidenta de la misión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, pidió este jueves, desde un poblado colombiano, al gobernante Nicolás Maduro que evalúe una "respuesta de dignidad" para las víctimas de violaciones de DD.HH. en Venezuela.

En el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio del Táchira y es el principal paso fronterizo entre ambos países, la jefa de la CIDH constató de primera mano cómo decenas de miles de personas cruzan con bultos y maletas en los hombros con productos que no pueden conseguir en Venezuela.

"El llamado directo a Maduro es que hoy, como responsable directo que está y tiene, de hecho, el poder para hablar, que evalúe lo que representa para las personas, para los ciudadanos, para el pueblo venezolano una respuesta de dignidad, una respuesta de derechos", manifestó Arosemena de Troitiño a periodistas en el puente.

 

 

Hasta allí llegó como parte del "Plan B" de la misión de la CIDH que lidera -de la que además hacen parte el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrão, y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli- luego de que el martes Copa Airlines no les permitiera embarcar en Panamá con destino a Caracas para la que sería su primera visita en 18 años a Venezuela.

Los delegados hablaron en el puente con algunas personas a las que les dio palabras de aliento e incluso trato de conversar con los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) que estaban en el lado venezolano, aunque fue ignorada.

Más tarde se reuniría a puerta cerrada con víctimas de derechos humanos en Venezuela.

"Es un placer poder estar aquí, poder escuchar a todas las personas que tienen la confianza y sobre todo la credibilidad en la Comisión que llega hasta acá para poder tener este contacto directo, un contacto personal, para decirle a toda la comunidad venezolana que vamos a estar siempre", dijo.

El miércoles, los miembros de la misión se reunieron, en Bogotá, con venezolanos que les relataron las violaciones de DD.HH. de las que fueron víctimas en su país y por las cuales tuvieron que huir a otras naciones, principalmente a Colombia.

 

 

Entre las denuncias que recibieron a puerta cerrada está la de que 129 diputados fueron objeto de torturas, amenazas, arrestos arbitrarios e incumplimiento de las garantías procesales durante investigaciones, entre otras, según la CIDH.

Otro testimonio escuchado fue el de Waleska Pérez, viuda del capitán de la Armada venezolana Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido por la contrainteligencia militar venezolana el 21 de junio de 2019 y murió en la cárcel días después.

Pérez, beneficiaria de medidas cautelares de protección del CIDH, denunció ante la misión la "desaparición, tortura y asesinato" de su esposo, cuya muerte fue confirmada el pasado 29 de junio por el gobernante Nicolás Maduro y provocó la condena de distintos países.

Los delegados de la CIDH también hablaron con dos periodistas del portal Armando.info que denunciaron las amenazas y censura de las que han sido objeto tras realizar una investigación sobre una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela.

 

 

Los reporteros, que están exiliados en Colombia como decenas de colegas suyos, también advirtieron que son víctimas de hostigamiento judicial.

La misión también escuchó al abogado de la familia del concejal Fernando Albán, quien murió cuando estaba bajo custodia del Gobierno y que según la versión oficial se suicidó.

Albán murió el 8 de octubre del año pasado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde se encontraba detenido tras haber sido acusado de participar en un fallido ataque con drones contra Maduro.

En las audiencias estuvieron además organizaciones sociales que manifestaron su preocupación por la crisis migratoria, la situación de las mujeres embarazadas y el riesgo al que se enfrentan los venezolanos de ser víctimas de trata de personas.