Régimen de Ortega aumenta represión contra iglesia Católica en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega ha intensificado el acoso y hostigamiento contra la Iglesia católica y movimientos sociales en Nicaragua que le siguen reclamando la liberación de presos políticos y exigiendo demandas de apertura democrática, a lo que el caudillo sandinista responde cada vez con mayor represión.

El canal 100% Noticias señaló este martes que una huelga de hambre de un puñado de madres en una ciudad provincial se ha convertido en una confrontación dramática entre la Iglesia católica y el régimen de Ortega.

Las fuerzas de seguridad han bloqueado parroquias y una turba progubernamental entró en la catedral de Managua, recalcó el canal de televisión.

Docenas de partidarios del gobierno irrumpieron en la catedral de Managua el lunes después de que siete mujeres iniciaron una huelga de hambre allí para tratar de ganar la liberación de sus hijos encarcelados, a quienes consideran presos políticos.

Las mujeres en Managua estaban apoyando una huelga de hambre iniciada cuatro días antes en una iglesia en la cercana ciudad de Masaya, señaló el medio de comunicación.

Los huelguistas de hambre huyeron a otra parte del edificio, que fue rodeado de simpatizantes del gobierno.

 

 

En el incidente en Managua, las fuerzas de seguridad habían rodeado antes los terrenos alrededor de la catedral, impidiendo la entrada de periodistas y de otras personas. Pero la policía aparentemente no detuvo a los partidarios del gobierno.

La Iglesia Católica es quizás la institución independiente con más fortaleza ante lo que sectores opositores consideran acciones represivas de Ortega, y probablemente por ello el caudillo sandinista ha intensificado el acoso y hostigamiento contra las parroquias.

Los templos han abierto sus puertas para que personas protesten por la liberación de los presos políticos, así como recolectar víveres para entregarlos a las familias de esos reos.

El gobierno de Ortega, explicó el canal, gradualmente se volvió más autoritario a lo largo de los años, y tomó medidas enérgicas cuando estallaron las protestas nacionales en abril de 2018 pidiendo su renuncia.

Al menos 325 personas murieron en esas manifestaciones, según grupos internacionales de derechos humanos. Las autoridades posteriormente prohibieron las manifestaciones.

El gobierno de Ortega no ha emitido declaraciones públicas sobre el último enfrentamiento con la iglesia. Pero la primera dama, Rosario Murillo, quien también es la vicepresidenta del país, dijo el lunes que "la paz no se puede alterar".

"Estamos consolidando una cultura de dignidad, respeto, no violencia, solidaridad, reconciliación y paz", dijo Murillo.

La Arquidiócesis de Managua dijo en un comunicado que los seguidores de Ortega habían roto varias cerraduras en las puertas de la catedral para irrumpir en el templo.

 

 

"Condenamos estos actos de profanación, asalto e intimidación que no contribuyen a la paz y la estabilidad del país", dijo el comunicado.

Una coalición opositora, la Unidad Nacional de Azul y Blanco, convocó el lunes en una conferencia de prensa a huelgas de hambre adicionales en todo el país para exigir la liberación de 150 prisioneros políticos, destacó 100% Noticias.

Los medios locales informaron que la policía había rodeado iglesias en varias ciudades para evitar tales acciones.

La agitación comenzó el jueves cuando nueve mujeres declararon una huelga de hambre en la iglesia de San Miguel Arcángel en Masaya en busca de la liberación de sus familiares encarcelados, que están involucrados con la oposición.

La iglesia está dirigida por el reverendo Edwin Román, un destacado crítico del gobierno, y quien sufre de diabetes y se encuentra encerrado en el templo sin sus medicamentos.

Las autoridades cortaron rápidamente la electricidad y el agua al complejo de la iglesia, y arrestaron a 13 activistas que habían llevado agua a los huelguistas de hambre.

El lunes, esos activistas fueron acusados ​​de poseer armas, incluidas pistolas, una escopeta y bombas de gas.

Los cargos, desestimados como falsos por los líderes cívicos, podrían llevar a los activistas a la cárcel durante cinco años o más.