La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció este lunes que iniciará reuniones con diversos sectores en Nicaragua, para formar una "gran coalición" frente al presidente Daniel Ortega, al que considera dictador.
"La Alianza Cívica realizará reuniones (para) avanzar a la conformación de una gran coalición opositora", informó el movimiento político en un comunicado.
El anuncio se da en medio de una crisis sociopolítica que, desde el estallido popular contra Ortega en abril de 2018, ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, así como miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
La Alianza, único movimiento opositor reconocido por la comunidad internacional como interlocutor del Gobierno, indicó que se reunirá con "movimientos sociales, partidos políticos, sectores económicos, gremiales y territoriales, para exponerles nuestra posición sobre los elementos fundamentales de dicha coalición".
El 21 de octubre pasado la Alianza llamó a la unión nacional, para lograr la libertad, justicia, paz y democracia, que la oposición demanda a Ortega, quien lleva casi 13 años en el poder, tras haber gobernado Nicaragua entre 1980 y 1990, también con un conflicto interno.
La "gran coalición opositora" busca ser "incluyente, amplia y representativa", sostuvo la Alianza, que actualmente está conformada por representantes de los sectores estudiantil, laboral, campesino, costa Caribe, académico, privado y político.
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En las reuniones, la Alianza está dispuesta a abordar los temas relacionados a las reformas electorales, "necesarias para llevar a cabo elecciones transparentes, confiables, seguras y adelantadas", según informó.
El adelanto de las elecciones de 2021 como salida pacífica a la crisis de Nicaragua es una propuesta de actores nacionales e internacionales que se niega a aceptar Ortega, quien ha mostrado su interés en gobernar más allá de ese año.
Aunque la Alianza Cívica mantiene estrechas relaciones y comparte objetivo con otras organizaciones opositoras, existen claras diferencias entre cada una.
La Alianza Cívica, que en 2018 participó en un diálogo nacional con el Gobierno y en 2019 fue a unas negociaciones con el mismo interlocutor, sin éxito, es criticada por supuestamente limitarse a defender los intereses de los grandes empresarios, en medio de la crisis.
La crisis sociopolítica que vive Nicaragua ha dejado 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra hasta 651, y el Gobierno admite 200.
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La CIDH ha señalado al Gobierno de Nicaragua por cometes crímenes "de lesa humanidad" en el marco de la crisis, aunque Ortega ha justificado sus acciones sosteniendo que se defiende de un supuesto intento de "golpe de Estado".
Si bien Ortega logró sofocar el levantamiento, aún se dan manifestaciones por parte de organizaciones civiles para demandar la liberación de más de 100 presos políticos, así como que se haga justicia en el caso de los asesinatos cometidos por las fuerzas orteguistas.
En ese contexto, las madres de presos políticos en Nicaragua denunciaron el incremento de la represión por parte de agentes policiales y paramilitares del régimen de Ortega, quien aún echa mano de sus fuerzas para desmontar las protestas ciudadanas que aún persisten.
En un comunicado reciente, la Asociación Madres de Abril (AMA) señaló que siguen siendo hostigadas por parte de la policía, grupos parapoliciales, personal de migración y gobernación.
“Entre las estrategias represivas incluimos hostigamiento, asedio, intimidación, ataque a las tumbas de nuestros familiares, a las iglesias en misas y homenajes”, indicó la organización en el boletín de prensa.
(Con información de Efe)
