El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ejecutó una jugada para desplazar del horizonte a su principal oponente de cara a los venideros comicios: la precandidata Cristiana Chamorro. Desde el miércoles, está recluida en su vivienda, sin comunicación y cercada por un dispositivo policial, situación que su equipo legal no vacila en calificar de “un secuestro”.
Chamorro es considerada la figura de la oposición nicaragüense con mejores probabilidades de ganar las elecciones de noviembre próximo. Orieta Benavides, su abogada, denunció que prácticamente “esto es un secuestro”, y que ningún miembro del equipo jurídico que defiende a Chamorro ha logrado comunicarse con ella, informó la agencia EFE.
La precandidata es hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), triunfadora contra Ortega en las elecciones de 1990. Permanece recluida en su vivienda, en el sur de Managua, luego de que una jueza ordenara su detención domiciliaria y el allanamiento de la vivienda por un caso de presunto lavado de dinero.
Este 2 de junio, fuerzas represivas de la dictadura allanaron su vivienda durante horas, y fue pasadas las 5 p.m que le notificaron de su prisión domiciliaria, confirmó su hermano, el reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro.
“El arresto domiciliar, a como se establece en la legislación, no es lo que en la práctica está ocurriendo con Cristiana”, aseguró su abogada, para quien Chamorro “no debería estar incomunicada” ni ser privada de hablar con su familia y su defensa.
Chamorro, quien fue inhabilitada para participar en la competencia en las urnas del próximo noviembre, con la justificación de “no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”.
Según el Ministerio de Gobernación, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que esta dirige, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, “incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, por lo que se “ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente”.
Chamorro Barrios tenía prevista una conferencia de prensa virtual este miércoles para responder a la acusación en su contra, pero minutos antes los oficiales entraron a su vivienda y comenzaron la requisa.
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Este sábado 5 de junio a las 4 de la tarde, frente a la embajada de Nicaragua en Washington D.C. (EEUU), activistas políticos y representantes de la sociedad civil protestarán contra el régimen centroamericano. Los organizadores de la "movilización mundial en repudio a la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo", invitan a los asistentes a compartir fotos y videos con los #hashtag #fueraortega #fueraortegamurillo y #nicaragualibre.
Ortega labra su triunfo desde antes
Las maniobras del régimen nicaragüense para la reelección de del dictador Ortega, comenzaron desde hace mucho. En diciembre del 2020, la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por los sandinistas, aprobó en sesión extraordinaria una ley que vetará las candidaturas de aquellos nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional y/o aplaudan la imposición de sanciones internacionales contra el Estado y sus ciudadanos.
La “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” fue aprobada con carácter urgente con 70 votos de los legisladores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados, promotores de la controvertida iniciativa, por 14 que votaron en contra y 5 abstenciones.
El diputado opositor Maximino Rodríguez denunció que esa ley “discrimina a los nicaragüenses sólo por el hecho de no pertenecer a la oligarquía gobernante”.
