San José, 19 sep (ADN CUBA).- El Gobierno de Costa Rica deploró este jueves la decisión de Nicaragua de impedir el ingreso a ese país de una comisión de la Organización de Estados Americanos que tiene como fin buscar una solución a la crisis sociopolítica que comenzó en abril de 2018.
"Costa Rica lamenta la actitud del Gobierno de Nicaragua, que se convierte en un obstáculo a un mandato de la Asamblea General de la OEA, y en este sentido, formula un llamamiento a sus Autoridades para que se permita el ingreso de los integrantes de la Comisión y aseguren las condiciones óptimas para el cumplimiento de su misión", indicó un comunicado de la Cancillería costarricense.
El texto agrega que Costa Rica "reconoce el papel que la OEA ha jugado en el acompañamiento de la situación en Nicaragua y reitera su convicción de que la Comunidad internacional debe continuar impulsando una solución pacífica y negociada, con la participación de todos los actores internos, a la crisis en Nicaragua".
Nicaragua se encuentra sumida en una crisis desde que en abril de 2018 miles de personas protestaron contra el Gobierno de Daniel Ortega, en medio de una espontánea rebelión ciudadana.
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Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el estallido de la crisis derivada de protestas contra el Gobierno de Ortega, se contabilizan unas 328 personas muertas, cientos de presos y desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio
La CIDH señala como responsable de crímenes "de lesa humanidad" al Gobierno de Nicaragua, cuyo presidente alega ser víctima de un "golpe de Estado fallido".
Costa Rica ha sido uno de los países que más ha denunciado a nivel internacional la crisis que atraviesa el país vecino y además ha solicitado ayuda a organismos como el Acnur y la OIM para atender a los 60.000 nicaragüenses que aproximadamente han huido en este contexto hacia suelo costarricense.
La comisión de la OEA está integrada por siete personas y su objetivo es realizar gestiones diplomáticas al más alto nivel en búsqueda de una solución pacífica y eficaz para la crisis política y social de Nicaragua, así como rendir un informe al Consejo Permanente de la OEA en un plazo de 75 días.
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El pasado 14 de septiembre Nicaragua prohibió el ingreso de los siete diplomáticos de la comisión, quienes tenían programadas reuniones con miembros de la oposición, víctimas de la crisis, y con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
El Gobierno de Ortega se ha negado en repetidas ocasiones a reconocer la legitimidad de la comisión creada en agosto por la OEA, que considera un instrumento de "injerencia" por parte de Washington.
La denominada Asociación Madres de Abril (AMA), integrada por madres de las víctimas de las manifestaciones antigubernamentales en Nicaragua, firmó el pasado miércoles un acuerdo con tres asociaciones cívicas para coordinar sus demandas de justicia y reparación, tanto a nivel nacional como internacional, contra el Gobierno de Ortega. También con las opositoras Unidad Nacional Azul y Blanco, y la Articulación de Movimientos Sociales.
