El 6 de febrero, la Fiscalía General de Colombia logró imputar judicialmente a siete supuestos integrantes de una red dedicada a tramitar de forma ilegal permisos y distintas autorizaciones para garantizar la permanencia de migrantes en el país; entre ellos, ciudadanos cubanos.
Según el comunicado de la Fiscalía, al parecer dicha estructura obtenía documentos falsos como extractos bancarios, registros civiles, cédulas de ciudadanía, actas de matrimonio y certificados de Cámara de Comercio, entre otros.
Los documentos, presuntamente, eran presentados para gestionar la expedición de visas de inversionista, trabajador, matrimonio y estudiante a extranjeros que no cumplían los requisitos de ley.
La organización estaría involucrada en unos 12 eventos en los que habrían participado distintas personas. En estos casos, ocurridos desde 2016, se consiguieron visas a ciudadanos de China, Cuba, Italia, Francia y Alemania.
En diligencias realizadas conjuntamente entre la Fiscalía y Migración de Colombia con apoyo del Ejército Nacional, fueron capturados siete de los señalados integrantes de esta organización. En los procedimientos, realizados en Bogotá y Los Patios (Norte de Santander), se incautaron cinco computadores, 3.117 dólares, 1.025 euros, pasaportes y cédulas de extranjería.
Entre los detenidos hay dos funcionarios de la Cancillería de Colombia, quienes habrían asesorado a la red y, en algunas oportunidades, tramitaron directamente algunas visas.
Uno de los funcionarios, Giovanny Angulo Ariza, se desempeñó como auxiliar de la misión diplomática en el consulado de Colombia en Barinas (Venezuela). Otro de ellos, Javier Mauricio Carrasco Ceballos, era oficial de visas en la sede norte de la Cancillería, en Bogotá.
Los demás capturados son: Harvey Castellanos Briceño, trabajador de una notaría en Bogotá; Miguel Ángel Perico Garzón, supuesto falsificador; y Triny Lamadrid Blanco, José Eleazar Contreras Lizarazo y Omar Iván Gutiérrez Echeverría, quienes se desempeñaban como tramitadores.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas, por delitos como concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, obtención de documento público falso, falsedad material en documento privado, asesoramiento y otras actuaciones ilegales; y cohecho por dar u ofrecer.
Por disposición de una juez de control de garantías, cinco de ellos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Harvey Castellanos Briceño y José Eleazar Contreras Lizarazo, por problemas de salud, permanecerán privados de libertad en sus lugares de residencia.
