La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió el lunes a Colombia a adoptar "las acciones necesarias" para exhumar e identificar los restos de víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales hallados en una fosa común, como parte de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.
La CIDH se refirió a una fosa común descubierta en el cementerio Las Mercedes, en la localidad de Dabeiba, departamento de Antioquia (noroeste), e instó "a continuar realizando las investigaciones", según un comunicado difundido en Washington, sede del organismo.
"En casos de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, el Estado tiene la obligación de realizar una investigación ex officio (en virtud de su oficio), sin dilación, seria, imparcial y efectiva, elemento fundamental para la protección de ciertos derechos que se ven anulados por estas situaciones", señaló la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena.
Por su parte, el comisionado Francisco José Eguiguren, relator para Colombia, expresó que “el hallazgo de estos cuerpos representan un paso importante para la identificación de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia”.
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La relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia, Antonia Urrejola, consideró que el Estado debe verificar si estos cuerpos corresponden a personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el conflicto armado interno y asegurar, "además de la investigación, que los restos exhumados serán entregados de manera digna a sus familiares".
La CIDH detalló que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó el pasado 14 de diciembre del hallazgo de una fosa común en el cementerio Las Mercedes, donde -agrega- "se encontrarían los restos de por lo menos 50 personas presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ocurridas en el marco del conflicto armado interno, conocidos como 'falsos positivos'".
En Colombia, se denominan "falsos positivos" a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que el Ejército presentaba como muertos en combate tras secuestrarlos y vestirlos de guerrilleros en el contexto del conflicto armado con las FARC y en especial durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
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"La Comisión valora positivamente las acciones que están siendo implementadas por parte de la JEP, para avanzar en la búsqueda de la verdad de los hechos ocurridos" en el Caso No. 003, indicó la nota, según la cual ese proceso es denominado "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado".
El organismo también celebró "las medidas cautelares decretadas sobre algunos cuerpos custodiados para su protección" y valoró que "el Gobierno se pronunció en favor de respaldar las investigaciones".
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) pidió el pasado 16 de diciembre a la JEP que proteja 16 sitios de Colombia en los que se cree que pueden estar sepultadas víctimas de los llamados "falsos positivos".
Los sitios están ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Sucre, Santander y Norte de Santander, este último fronterizo con Venezuela.
