Presidente de Perú niega haber pedido asilo político al régimen de Venezuela

El presidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró este martes que no va a pedir asilo o a abandonar su país, horas después de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por presuntamente liderar una organización criminal en el seno de su gobierno.

Según la fiscalía general la investigación ha revelado indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

“Yo no voy a salir del país y, como siempre hemos dicho, nos sometemos a todo tipo de investigación, lo han hecho en el entorno de la familia, lo están haciendo al entorno ministerial porque sabemos que no hay ningún fundamento real”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa con medios internacionales.

Castillo negó "rotundamente'' tener vínculos con Venezuela "para tener favores del entorno gubernamental", tras ser preguntado acerca de si conversó con el dictador Nicolás Maduro, sus sobrinos o el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, todos vinculados en la denuncia. 

El mandatario peruano tiene actualmente seis investigaciones preliminares abiertas en su contra por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente encabezar una organización criminal que opera desde su gobierno para otorgar licitaciones fraudulentas de obras públicas.

Sobre el proceso en su contra, Castillo aseguró que "algunos jueces se han politizado mucho", aunque reiteró que no tiene "miedo a nadie".

"Estas acusaciones que se están haciendo están orquestadas, están planificadas y vamos a seguir luchando", dijo respecto a las investigaciones preliminares que la Fiscalía ha abierto contra él por presuntamente liderar una supuesta organización criminal en el Ejecutivo.

El presidente, que poco antes había asegurado que en Perú "se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado", insistió en la necesidad de que "todas las acusaciones sean probadas primero".

Sin embargo, la fiscal Benavides dijo que se estaba produciendo "una feroz obstrucción a la justicia" desde esa red supuestamente "enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas".

La noticia sobre la acusación contra Castillo se conoció el mismo día en que la Fiscalía, con el apoyo de un grupo especial de la Policía, allanó las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular (AP), así como la casa de una hermana del presidente.

Estos congresistas son llamados "Los Niños" por los medios de comunicación locales y la oposición política tras una declaración prestada en febrero pasado a la Fiscalía por la empresaria Karelim López, quien aseguró que coordinan actividades ilícitas dentro del Ejecutivo con Castillo a cambio de apoyar al Gobierno con sus votos.