Un reportaje de investigación de Amy Franklin Casanova, elaborado al interior de la Universidad Alberto Hurtado, bajo dirección del profesor Juan Pablo Figueroa, reveló cómo se desarticuló en Chile una banda criminal que movió ilegalmente al menos a 1.000 migrantes.
Tras la investigación de “Frontera Norte” que duró un año y medio se concretó la detención de nueve integrantes de una organización criminal que facilitó, promovió y se lucró con el ingreso y/o salida irregular de migrantes hacia o desde ese país.
Los capturados fueron detenidos en sus casas y en flagrancia, en Arica. Con ellos se encontraban 57 víctimas, 19 de ellas menores de edad.
Por el traslado de cada persona cobraban entre 200 y 250 dólares para cruzar por pasos irregulares desde Perú hacia Chile. Se estima que la banda obtuvo ganancias de al menos unos $115 millones.
El operativo de allanamiento y captura por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) en Arica tuvo lugar el 29 de septiembre. El jefe del operativo de la PDI, estima que al menos 30.000 personas ingresaron a Chile por pasos irregulares, provenientes de Cuba, Colombia, Venezuela y Haití. En el comunicado oficial, sin embargo, la INTERPOL refirió puntualmente el tráfico de 1.000 personas.
“No hay claridad ni una cifra certera de cuántas personas han cruzado de forma irregular la frontera hacia Chile en los últimos años, pues el total forma parte de una cifra negra, aunque hay referencias”, destacó el reportaje, a partir de datos de la PDI, que sólo durante el primer semestre de 2021 ingresaron 23.673 migrantes por pasos no habilitados.
“Muchos de ellos traídos por organizaciones criminales dedicadas a lucrar con la crisis migratoria y humanitaria”.
Se observó que actualmente hay una crisis en las políticas migratorias de Chile y que el tráfico de personas se da en sentido bidireccional, para el ingreso a Chile de venezolanos, cubanos, haitianos y ciudadanos de otras procedencias y de ciudadanos de otras procedencias, pero también para salir del país como lo constata la salida de menores, particularmente de origen haitiano.
Hay casos de menores haitianos que murieron en el Darién, zona selvática entre Colombia y Panamá, siguiendo una travesía hacia los Estados Unidos. Otros menores se encuentran en hogares en Panamá a la espera de retornar a Chile.
Los integrantes de la organización criminal que resultaron detenidos fueron judicializados por asociación ilícita para la comisión del tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, todo ello agravado por la afectación de menores de edad y por la existencia de riesgo en la salud y en la integridad de los migrantes.
Se determinó prisión preventiva para ocho de los nueve imputados, a excepción de “Leticia”, la paraguaya encargada de las finanzas quien quedó bajo arresto domiciliario. Los procesados enfrentan la posibilidad de recibir penas que van desde los cinco hasta los 20 años de prisión efectiva.
El tráfico de migrantes y el ingreso por pasos irregulares a Chile ha agravado la tensión entre los gobiernos locales y regionales y el gobierno nacional, los primeros resienten que el segundo no hace lo suficiente para frenar la inmigración ilegal.
