“Los negros contrarrevolucionarios sólo sirven para barrer la calle o ser esclavos”, declaró una jueza cubana a la activista Rosario Morales la Rosa, al momento de comunicarle la sentencia por una “causa” construida contra ella por el régimen cubano.
Rosario, que como podrá imaginar el lector es afrodescendiente, pero además luchadora feminista y por los derechos humanos, enfrentaba un proceso judicial desde inicios de 2019 por defender a unos cuentapropistas en su localidad de Cojímar.
El 25 de Diciembre de 2018, al salir en defensa de los trabajadores privados en la Villa Panamericana, fue detenida y acusada de Especulación y Acaparamiento y de Desacato por manifestarse contra agentes del Estado. Según los oficiales, “denigró” la figura de Raúl Castro.
La jueza, de nombre Mercedes, jefa de los jueces de ejecución del Tribunal de Cojímar, le comunicó su sentencia de 3 años de prisión domiciliar; además, será ubicada laboralmente en la Dirección Municipal de Comunales.
Las declaraciones de la jueza demuestran cómo el racismo y la discriminación racial están bien acomodados en la sociedad cubana y cómo el racismo es practicado por agentes del Estado.
Numerosos investigadores y activistas han criticado las raíces antiguas del racismo en Cuba y su florecimiento en las instituciones estatales. La comunidad afro tiene niveles de pobreza, bienestar y movilidad social por debajo de la comunidad blanca. El racismo está claramente presente en los predios estatales.
Al mismo tiempo, la represión contra activistas opositores vive uno de sus momentos álgidos desde la Primavera Negra de 2003, con arrestos breves o de larga duración a periodistas independientes y líderes de organizaciones disidentes.
Los casos más sonados en la comunidad internacional son los del artista Luis Manuel Otero Alcántara y el líder opositor José Daniel Ferrer, para los que el régimen cubano pide varios años de cárcel en procesos judiciales amañados. Pero no son los únicos.
Además de las detenciones y juicios de dudosa legalidad, el régimen recurre a la prohibición de viajes al extranjero, las advertencias escritas u orales, llamadas telefónicas de intimidación y otras violaciones de los derechos humanos.
