La organización sin fines de lucro Amnistía Internacional pidió el viernes 24 de marzo entrar a Cuba para observar la realización de los juicios contra manifestantes del 11 de julio.
En un comunicado, la organización reiteró su solicitud al gobierno de dar seguimiento a estos procesos, que han sido denunciados como “opacos” e “injustos”.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, afirmó que “En una serie de procedimientos y juicios injustos y opacos contra manifestantes en las últimas semanas, las autoridades cubanas han continuado su campaña de criminalización con el único fin de restablecer la cultura del miedo, quebrada en 2021 cuando la gente salió a la calle para expresarse”.
“Como es habitual en Cuba, donde el poder judicial está firmemente sometido al control gubernamental, no hay transparencia en los procedimientos ni se permite asistir a los juicios a periodistas y observadores de derechos humanos independientes”, sentenció Guevara Rosas.
Anteriormente, AI había enviado una misiva al régimen de La Habana con el propósito de conocer el número de detenidos en relación con las manifestaciones, pero las autoridades nunca respondieron la carta.
Hasta la fecha, Cuba es el único país del continente que no ha permitido la entrada de AI para observar procesos y constatar la situación del respeto a los derechos humanos.
En Cuba hay más de 1000 prisioneros políticos, señaló la ONG Prisoners Defenders en un informe publicado el 3 de marzo. Al menos 869 de esas personas fueron detenidas por las protestas del 11 y 12 de julio pasado, además de otras decenas, liberadas tras imposición de multas en los últimos meses.
Entre las últimas sanciones se cuentan las de los manifestantes de la esquina de Toyo y La Güinera, en La Habana. La pena más elevada fue de 30 años de cárcel, según información publicada el 16 de marzo por el Tribunal Supremo. Luego de celebrarse los juicios entre diciembre de 2021 y febrero del presente año, las sanciones han sido impuestas por los supuestos delitos de “hurto” y “sedición”.
La mayoría de las condenas superan los 10 años de prisión. En los casos de Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven ascienden a 30 años de cárcel, mientras que para Wilmer Moreno Suárez serían 26 años tras las rejas. Brandon David Becerra, uno de los detenidos menores de edad, que cumplió 18 años encarcelado, fue sentenciado a 13 años, a pesar de que su petición fiscal era de cinco años sin internamiento. El joven Walnier Aguilar, cuya familia denunció que padece discapacidad intelectual, fue condenado a 23 años.
