Este sábado 29 de agosto se cumplió un año de que profesores y ciudadanos cubanos dirigiesen una carta abierta al gobierno de la isla para manifestar su inconformidad con la discriminación ideológica practicada en las universidades cubanas, evidenciada en la expulsión frecuente de académicos y alumnos por motivos políticos.
A un año de la iniciativa, los motivos que llevaron a miles a firmar el documento siguen plenamente vigentes, como afirmó el comunicólogo y exprofesor de la Universidad de Camagüey José Raúl Gallego, quien en su perfil de Facebook recordó el hecho y lamentó la falta de una respuesta oficial y democrática al mismo.
“Hace un año, un grupo de profesores firmamos una carta abierta contra la discriminación ideológica en las universidades cubanas. Díaz-Canel no respondió, el ministro Saborido (de Educación Superior) nos clasificó como ‘grupito de mercenarios, cubanólogos e ingenuos’ en la televisión nacional”, escribió Gallego, quien actualmente cursa sus estudios de doctorado en México.
Pese al no reconocimiento gubernamental del problema denunciado, y al bloqueo en la isla de la plataforma Change.org, donde se compartió el documento para recabar apoyos, este logró reunir en una semana más de tres mil firmas de aprobación a lo que se exigía y exige: “el cese de la discriminación por motivos políticos e ideológicos en las universidades cubanas”.
Ello motivó el agradecimiento de Gallego, para quien la cantidad de rúbricas contradice al ministro de Educación Superior del régimen, al demostrar que los que se oponen a la discriminación en las universidades son un “gran ‘grupito’ que cada día crece más”.
Firmada inicialmente por 14 académicos cubanos con diferentes grados científicos, la carta denunció el silencio del gobierno cubano ante el artículo “Ser profesor universitario”, firmado por la viceministra de Educación Superior, Martha Mesa Valenciano.
Dicho artículo es una “abierta apología a la discriminación”, consideraron los firmantes del documento de protesta, que a día de hoy ya rebasan los cuatro mil.
La viceministra afirmó en su polémico escrito que aquel “que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario”.
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Ello hizo que reconocidos académicos como Julio César Guanche, Rafael Rojas y Armando Chaguaceda, mediante la carta abierta, considerasen que “las palabras de la viceministra vulneran la recién aprobada Carta Magna. También desconocen los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Mundial sobre la Educación
Superior en el Siglo XXI y otros tratados y convenios en el ámbito educativo que reconocen la libertad académica y la autonomía universitaria como condiciones indispensables para una universidad de calidad, plural, comprometida socialmente, democrática e inclusiva”.
“Ante el aumento de medidas discriminatorias y punitivas hacia profesores y estudiantes por motivos políticos que se ha vivido en los últimos años en las universidades cubanas, y la posibilidad de que un documento empobrecedor éticamente pueda servir de base para institucionalizar la comisión de actos lesivos a derechos humanos, reclamamos al gobierno cubano el cumplimiento de la legalidad de nuestro país, los protocolos y pactos internacionales de los que es parte y que honre sin distinciones, ni condicionamientos, los principios humanistas en los que debe fundarse la educación superior”, señala aún la carta, firmada también por los doctores Alina Bárbara López Hernández, René Fidel González García, Johanna Cilano Peláez y Carlos Manuel Rodríguez Arrechavaleta.